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| Leandro Santos y Marcelo Balcedo. |
"Se espera que en las próximas horas se formalice el pedido de extradición de Balcedo", se lee en el diario 'El País' de Uruguay. Ocurre que la Justicia uruguaya dictó la prisión preventiva para Marcelo Balcedo, el sindicalista argentino detenido ayer en las playas de aquel país junto a su esposa.
La medida rige por un período de 30 días, por lo que de esta manera esperarán en la cárcel la extradición. Balcedo quedó detenido en la Cárcel Central de Montevideo, mientras que su esposa fue derivada a una dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y dueño de un importante medio de comunicación de La Plata es investigado por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.
Según informó el portal uruguayo 'Subrayado', el abogado de Balcedo en ese país, Juan Fagúndez, presentó un recurso para que el sindicalista espere en libertad el juicio de extradición, pero fue rechazado.
En tanto, el defensor de Balcedo en la Argentina, Julio Ricardo Beley, justificó la fortuna de su cliente por los medios que dirige en La Plata.
En su detención, las fuerzas de seguridad encontraron armas, vehículos de alta gama y US$500 mil en efectivo. Además, Balcedo es propietario de una mansión de lujo en el país vecino, precisamente en el balneario uruguayo de Piriápolis.
Beley acusó, por otra parte, al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, de llevar adelante una "persecución política" contra su defendido.
"Balcedo ha publicado y cuestionado a los gobiernos de turno, tanto a Cristina Fernández de Kirchner y ahora a Mauricio Macri", señaló el letrado. Balcedo es uno de los gremialistas más importantes de La Plata junto con Juan Pablo "Pata" Medina, de la UOCRA.
El pedido de extradición de Balcedo recordó en la Argentina el caso de Leandro Santos, quien el pasado 28 de diciembre debía someterse al juicio de extradición por pedido de la Justicia Uruguaya, que lo acusa por los presuntos delitos de "trata de personas y prostitución vip".
El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Federico Delgado llevan adelante el juicio en donde sólo se evalúa el pedido de la justicia del vecino país, no así su responsabilidad por los delitos en los que está sospechado.
Santos, quien está libre hace algunas semanas desde que se le otorgó la excarcelación, deberá enfrentar el pedido de extradición solicitado por el fiscal Carlos Negro.
El representante de modelos está acusado de integrar una asociación ilícita que captó mujeres con fines de explotación sexual prometiéndoles una carrera exitosa dentro del modelaje y de los medios de comunicación.
Su excarcelación, hace unas semanas, pasó inadvertida en la Argentina en medio de las detenciones de Carlos Zannini, Fernando Esteche y Luis D´Elía, recordó hace unos días Jorge Asís.
"La prisiones de Zanini, Esteche y D Elía (más el pedido de desafuero de La Doctora) lograron que pase casi inadvertida la libertad simultánea de Leandro Santos, aguardada por los generosos que consumieron sus productos. Ampliaremos", escribió Asis en su cuenta de 'Twitter'.
El abogado de Santos (35), Fernando Burlando, dijo que la medida fue adoptada por los jueces de la sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que revocaron un fallo del juez Claudio Bonadio.
Por ese motivo, el representante recuperó la libertad desde la cárcel federal de Marcos Paz, adonde había sido alojado luego de ser detenido el 30 de octubre en la puerta de su departamento del barrio porteño de Nuñez.
En coincidencia con la postura del fiscal Federico Delgado, Bonadio se había negado a liberar a Santos al entender que puede fugarse y podría ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo. El juez recordó que la detención del representante fue dispuesta en el marco del Tratado de Extradición suscripto con Uruguay.
Además, Bonadio estimó que Santos podría fugarse teniendo en cuenta el historial del caso, ya que en 2012 intentó eludir una detención de Interpol, y evaluó "la capacidad adquisitiva con la que cuenta, la que le permite frecuentemente egresar a otros países", según un informe de Migraciones.
A Leandro Santos se lo acusa de actuar en Punta del Este y la ciudad de Buenos Aires y se cree que los clientes eran personas con un alto poder adquisitivo: por los "servicios" los organizadores cobraban abusivas comisiones y las víctimas tan sólo un 10% del precio convenido.
La "pantalla" para prostituir a las víctimas eran eventos de modelaje, concursos de belleza y programas de televisión: Santos le enviaba a otros miembros de la banda "chicas representativas de la farándula de Buenos Aires" para desfiles y fiestas privadas.
En el pedido de extradición, la Justicia uruguaya solicitó al acusado por los delitos de proxenetismo, que tiene una pena de hasta 8 años de prisión, y también por trata de personas en la modalidad reclutamiento con fines de explotación sexual, cuya pena es de 16 años.
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