(U24) - Ayer, miércoles 17/07, se confirmó el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, según la disposición de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El delito se habría cometido entre el año 2013 y 2015, cuando estos mandatarios municipales habrían malversado fondos públicos para llevar adelante tratamientos de basura a través de un programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu).
En el mismo fallo, el tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito de 42 intentendes imputados y sobreseyó a otros dos. En total, el juez federal Claudio Bonadio quiso procesar a 92 mandatarios municipales.
Además, en esta misma causa ya estaban confirmados los procesamientos de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, todos ex jefes de gabinete del kirchnerismo. Los tres fueron los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015. En total, son 10 los ex funcionarios nacionales procesados en esta causa.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex jefe comunal de Quilmes, Francisco "Barba" Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.
Según los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, la maniobra "apuntó al empleo del marco legal de los Pmmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales". Además, indicaron que "funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".
El pasado febrero el juez Bonadio dispuso el procesamiento de 92 intendentes, pero la Cámara resolvió que para 42 de ellos no hay elementos contundentes como para procesarlos. Según el magistrado, el fraude contra el Estado supera los 600 millones de pesos. Según el magistrado, "cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado".
"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Psgirsu al que se habían obligado". El objetivo del programa era el de lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales en todo el país.
Los intendentes cuyo procesamiento se confirmó son:
Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy, José Antonio López, Gustavo Karasiuk, Ángel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios.
También están imputados Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.
La mayoría de los intendentes pertenecen a la provincia de Chaco, pero también hay de otras provincias como Santa Fé, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Además, hay de todos los colores políticos.
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