La legisladora porteña Graciela Ocaña, ex directora del PAMI durante los primeros años del kirchnerismo, pedirá una medida cautelar para que la Justicia suspenda la aplicación de dos resoluciones que emitió el polémico director ejecutivo del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), el kirchnerista Luciano Di Cesare (foto).
Se trata de los dictámenes, que llevan los números 559/15 y 560/15, que modifican la estructura de todas las Unidades de Gestión Local (UGL), cabeceras de cada región y donde se atiende la mayoría de los 4.600.000 afiliados que tiene el PAMI, la obra social más grande de América latina.
Según explica el matutino 'La Nación', no se trata de cargos nuevos. De acuerdo con la denuncia sobre este esquema, los nuevos ingresos son colocados en lugares que generalmente ocupan trabajadores de carrera del organismo.
Así, se duplica la cantidad de personas por área. Según la denuncia de Ocaña, la maniobra de Dicesare tiene por objetivo "acomodar estructuras políticas ineficientes", en particular de la agrupación que lidera el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner.
En 2007, año en el que Ocaña dejó la administración del organismo en manos de Di Cesare, el PAMI tenía una planta de 10.700 empleados; hoy, prácticamente se ha duplicado, ya que cuenta con unos 20.000 (entre trabajadores de planta permanente y contratados).
"Están pagando dos veces para hacer lo mismo. Lo hacen para meter gente de La Cámpora, es así. Lo mismo ocurre en otros organismos del Estado. Pero lo más grave de este caso es que esa plata se la sacan a los abuelos", dijo al matutino mencionado Ocaña.
La decisión de Di Cesare, que acompaña a la familia presidencial desde que Néstor Kirchner lo nombró como director de la obra social de Santa Cruz, en 1991, genera consecuencias directas sobre la atención que reciben los afiliados.
La atención a sus afiliados, su razón de ser, es deficiente. Además, los nuevos puestos que reparte la dirección del PAMI no tienen funciones claras y eso genera a su vez un retraso en la compra de insumos. Es que al eliminar las estructuras formales y crear las figuras de "referentes", que no tienen competencias determinadas, en muchos casos no hay quién se haga cargo de tomar las decisiones.
"Cambió la lógica de la institución. El dinero del organismo no es infinito ni está para gastarlo en cualquier cosa", agregó Ocaña. En la resolución 560/15 se explicita que "los agentes que a partir de la fecha de notificación dejan de revistar como titulares de unidades" seguirán "percibiendo un monto equivalente" al que cobraban hasta ese momento.
"Para que quede claro: a partir del dictado de esta nueva normativa interna, el instituto pasa a pagar doble sueldo en un sinnúmero de cargos en las diferentes Unidades de Gestión Local de todo el país a funcionarios que efectivamente ejercerán el cargo y a quienes dejan de ejercerlo", explicó Ocaña en la denuncia que hoy presentará ante la Justicia.
Desde hace meses el instituto, que administra el sexto presupuesto más importante, con 57.000 millones de pesos, está en crisis, lo que se traduce en un fuerte malestar interno y cuestionamientos crecientes a la administración.
Los trabajadores se encuentran en asamblea permanente y denuncian la persecución de los que participan. Esta no será la única causa con la que cuenta el interventor Di Cesare en la Justicia. El juez Claudio Bonadio lleva adelante la más relevante: investiga préstamos que hizo el PAMI al gobierno nacional.
El interventor discontinuó el Fondo de Garantías Prestacional, destinado a garantizar las prestaciones del organismo en caso de crisis y que llegó a acumular en 2007 cerca de $ 4500 millones. En parte, estos fondos se utilizaron para prestarle dinero fresco al Tesoro de la Nación a cambio de Letras del Tesoro (Letes).
Tal como publicó el diario 'Clarín' esta semana, el fiscal Franco Picardi -integrante de la organización judicial Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo- le solicitó al juez Bonadio que acote sólo al año 2012 la investigación sobre este desvío de fondos, aunque la operación comenzó en 2008.
El juez, que ya allanó dos veces la sede central de la entidad, rechazó el pedido de Picardi y ahora aguarda los resultados de un peritaje para avanzar con la pesquisa.
Por otra parte, el interventor del instituto es investigado por supuesta malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y presunto enriquecimiento ilícito por obras inconclusas y el pago de alquileres sospechosos; el encargado de llevar adelante esta causa es el juez federal Julián Ercolini.
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