(U24) - La desaparición de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de Gendarmería durante una protesta mapuche puso en relieve la problemática de las comunidades originarias por tierras que reclaman como propias. El desalojo de estas poblaciones de esos terrenos fue suspendido mediante una ley sancionada en 2006, que tiene una vigencia de 4 años y cuya última prórroga vence en noviembre.
Desde distintos sectores reclaman al Congreso una nueva extensión, con la desaparición del joven artesano, comprometido con la causa aborigen, como telón de fondo. Tras posponerse su debate sobre tablas este jueves en el Senado, las distintas fuerzas políticas acordaron incorporarlo al temario de la próxima sesión.
La prórroga de la ley 26.160 es reclamada por la comunidades aborígenes y también por organismos internacionales, como Amnistía Internacional, que calificó que la extensión de ley de emergencia territorial indígena como "un imperativo de derechos humanos".
La organización denunció además que el 70% de las comunidades no fueron registradas tal como lo solicita la ley a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), creado en 2007.
En tanto, el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) presentó días atrás una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para reclamar el "pronto tratamiento" de una normativa que extienda la vigencia de la "emergencia en materia de posesión de Tierras de Comunidades Indígenas".
El OPPLeC remarcó que la falta de renovación "configuraría un daño irreversible a los derechos de los pueblos originarios y los colocaría en una situación de peligrosa precariedad". Por su parte, las comunidades aborígenes también llevaron su reclamó al Congreso en la sesión del jueves del Senado.
"Es fundamental tratar la ley 26.160 y su prórroga para parar el desalojo de las comunidades que pertenecen a los diferentes pueblos originarios de Argentina", dijo a la agencia Télam Ariel Navanquirí, coordinador general de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe), organización que nuclea a comunidades de los pueblos Qom y Moqoit.
"Los pueblos indígenas de argentina estamos atravesando una situación muy difícil respecto a la propiedad de territorio, por eso necesitamos que el Congreso de la Nación prorrogue una vez más esta ley que precisamente sirve para que los pueblos originarios resguarden su territorio y defiendan la vida", expresó el presidente del Movimiento Comunitario Pluricultural y "Chaski" (comunicador) del Pueblo Kolla, Armando Kispe.
En la última sesión de la Cámara Alta, el senador porteño Fernado 'Pino' Solanas propuso debatir sobre tablas la prórroga de la ley, dada la proximidad de su caducación, el 23/11. "Si tenemos la oportunidad de avanzar lo tenemos que hacer. Estamos en el medio de una suerte de campaña que busca crear un consenso anti indígena: el otro, cuasi salvaje, es peligroso porque es chileno infiltrado", expresó el líder de Proyecto Sur.
Solanas sostuvo que por esa razón la prórroga de la ley "es un tema mayor" e indicó que teme que "esto no se trate" antes de esa fecha "y caiga" la suspensión de los desalojos en esas tierras. Sin embargo, el jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas, propuso como alternativa suspender el tratamiento de la prórroga durante un plazo determinado hasta que se pueda idear "un sistema" para darle finalmente cumplimiento al relevamiento de tierras que dispone la ley.
"No es nuestra intención" que el proyecto no salga, aclaró el presidente de la bancada oficialista y agregó: "Creo que hay que hacer el relevamiento final a todas las comunidades aborígenes para saber qué es lo que les corresponde".
A su turno, el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, propuso que el proyecto de prórroga "se trate en la próxima sesión, con el análisis y el estudio que plantea el senador Rozas" sobre el relevamiento.
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