TENSIÓN EN COLOMBIA POR EL BLINDAJE JURÍDICO DE LA PAZ

AMÉRICA LATINA / A PROPÓSITO DE LA VISITA PAPAL 

A casi 1 año del Acuerdo de Paz, el debate por
su blindaje jurídico.

En noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el Acuerdo de Paz que puso fin a más de 50 años de conflicto. Dicho acuerdo tiene varios puntos controversiales y no contó en un referéndum previo con el visto bueno de la mayoría de la población. 


En este momento, se encuentra el Papa Francisco en suelo colombiano intentando consolidar su apoyo a la paz. Mientras tanto, la Sala Plena de la Corte Constitucional se encuentra debatiendo si mantiene el Acto Legislativo número 2 de 2017, que establece que futuros gobiernos y diferentes instituciones deben cumplir y mantener lo pactado con las FARC.

El blindaje jurídico es clave para seguir por el camino de la paz, ya que entre otras cosas establece que los 3 próximos períodos presidenciales estarían sujetos a preservar los contenidos y principios del Acuerdo Final logrado en noviembre del año pasado, otorgando estabilidad y seguridad jurídica al mismo.

"Dicho punto fue discutido en la Habana con el fin de que el acuerdo no fuera modificado por el Gobierno de turno, fuera o no opositor al Gobierno de Santos", explica el portal de Caracol. Pero este Acto Legislativo está bajo amenaza por una ponencia presentada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien pide tumbar 2 expresiones clave del mismo.

"En su proyecto de fallo, el magistrado dice que se deben eliminar los siguientes apartes: el que dice que 'las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final'; y la que se refiere a que 'las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo acordado, preservando los contenidos y principios del Acuerdo Final'", explica el portal de Caracol.

Guerrero cree que va contra la Constitución, el principio de legalidad y de separación de poderes, el hecho de que en esa norma se obligue a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir lo establecido en el Acuerdo Final, explica el diario El Espectador.

"De acuerdo con fuentes de la corporación, existe entre los magistrados división sobre el tema a tratar. Hasta ahora las fuerzas estarían alineadas (6 votos contra 3) para derrotar la ponencia de Guerrero y mantener el blindaje de los acuerdos", explica el PanAm Post. Pero de momento, el debate está interrumpido porque la exministra de Defensa bajo la presidencia de Álvaro Uribe y candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez -quien se opone a los acuerdos de paz-, recusó a los magistrados Antonio José Lizarazo y Cristina Pardo por haber trabajado en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

"Este miércoles, 6 de septiembre, se debatía en la Sala Plena de la Corte Constitucional el blindaje jurídico del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, sin embargo, se suspendió la audiencia debido a que la exministra y candidata presidencial por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, recusó a los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo por haber trabajado en el Gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos", explica PanAm Post.

"Ramírez sostuvo que los magistrados podrían incidir en la decisión y tener un interés particular en esta, debido a que han ofrecido conceptos previos y han intervenido en el trámite, por lo que su voto no sería objetivo."

Recordemos que el mandato del actual jefe de Estado termina el año que viene. Existen temores que si ganara un candidato opuesto al proceso de paz, podría dar marcha atrás en el acuerdo alcanzado.

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizará ahora la recusación de los magistrados, decidirá sobre si deben formar parte del debate y de las votaciones o no. Un paso clave en el futuro jurídico del Acuerdo de Paz.