Y la política de Derechos Humanos ¿Dónde está?
Un duro informe del Departamento de Estado de los EE.UU, que conduce Hillary Clinton, acusó este lunes 26/06 al Gobierno argentino de no cumplir con los “estándares mínimos” para eliminar la trata y de no contar siquiera con un plan.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Un lapidario informe elaborado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos que encabeza Hillary Clinton, acusa al Gobierno argentino de no cumplir “totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”.El informe es solicitado todos los años por parte del Congreso estadounidense al Departamento de Estado, que en este caso analizó las acciones desarrolladas por distintos países en la lucha contra la trata durante 2010.
Según señala el informe, “América Latina es el lugar más elegido por los tratantes para traficar con hombres, niños y mujeres, a los cuales se somete a situaciones clandestinas e insalubres de vida”.
De eso países, Argentina es considerado “un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso".
“El turismo sexual de niños es un problema, particularmente en la zona de la Triple Frontera y en Buenos Aires”, destaca el informe y agrega que la Argentina “es un punto de tránsito para la introducción de mujeres y niñas extranjeras en el mercado sexual en Chile, Brasil, México y Europa Occidental, y algunas mujeres y niñas argentinas fueron encontradas en condiciones de prostitución forzadas en Europa Occidental”
El estudio reconoce que “las extensas fronteras de Argentina son difíciles de monitorear, haciendo al país un área de tránsito por los traficantes y sus victimas”. A la vez destacada los “esfuerzos significativos” para combatir la trata, pero advierte que "la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas” y que una “significativa cantidad de manifestaciones dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos funcionarios en el ámbito local y nacional” que “impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata".
La publicación detalla que muchas de las víctimas provienen de “zonas rurales o provincias del norte” que “son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país”.
La zona de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, constituye “un área importante para la captación de víctimas argentinas de la trata con fines de explotación sexual y una zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes de Paraguay".
Además del tráfico que tiene como fin la prostitución, “además se obliga a ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte del país a someterse a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios”.
El informe realiza una breve reseña de distintos casos detectados y vinculados con la trata de personas, pero remarca que “según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios provinciales, municipales e inclusive, en menor medida, nacionales participan directa o indirectamente en la trata de personas. De acuerdo a lo informado, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes”.
Recomendaciones
Por último, se enumeran recomendaciones para nuestro país, entre ellas la redacción de una nueva “ley contra la trata; garantizar que los procesos judiciales no sean desechado sobre la base del consentimiento de la víctima; intensificar los esfuerzos para desmantelar las redes de trata; incrementar los esfuerzos procesales y judiciales para investigar, procesar, condenar, castigar a los responsables de trata, incluyendo a oficiales públicos corruptos quienes pueden ser cómplices en los crímenes de trata, incrementar las investigaciones por trabajos forzados y delítos por reducción a la servidumbre; dedicar mayores recursos para la asistencia a las victimas, particularmente a los refugios, habilitar protección a las víctimas; incrementar el entrenamiento en la lucha contra la trata, de los responsables de justicia, jueces y oficiales públicos”.
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