Vísperas de nuevo choque CFK vs. YPF
Fernando Krakowiak en el diario Página/12, acerca de la nueva reunión entre el Ejecutivo Nacional y las provincias petroleras:
"(...) El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, presidente de Luego de enfrentarse con YPF, el Gobierno apostó a la Ofephi para incrementar la presión sobre la petrolera, pues las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo. El derecho se los otorgó la reforma constitucional de 1994 y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con el cumplimiento de ese mandato al firmar el decreto 546 donde se estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. En noviembre de 2006 el Congreso fue más allá al sancionar la ley 26.197 que les transfirió la totalidad de los yacimientos.
El pasado 25 de enero, el ministro de Planificación, Julio De Vido, recibió a los gobernadores de las diez jurisdicciones que integran la Ofephi para plantearles la necesidad de impulsar un acuerdo que les fije a las petroleras mayores exigencias de producción, lo cual les reportaría a los mandatarios más ingresos por regalías. El Acuerdo Federal de Hidrocarburos se selló el 9 de febrero.
Ese día se consensuó exigir un incremento de la inversión en exploración y producción para alcanzar el autoabastecimiento y se estableció que los mandatarios se tomarían 15 días para fijar las nuevas metas que deberán cumplir las firmas. Ayer fue el turno de ofrecer esos detalles en un encuentro del que participaron representantes de las provincias junto al secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
El acta firmada establece en los puntos 1 y 3 que la producción nacional debe aumentar un 15%, tanto en petróleo como en gas. En el punto 4 se aclara que lo establecido será requerido por las provincias “a cada operadora de su jurisdicción y desagregado por yacimiento concesionado”, aunque el párrafo que cierra el documento dice que las metas regirán “para cada operadora que presente un incumplimiento en materia de inversiones, asociadas a una caída manifiesta e injustificada de producción o de reservas de hidrocarburos”.
En la rueda de prensa, el gobernador Buzzi fue más explícito al asegurar que en su provincia “hay empresas que están por encima del nivel de inversión que se espera, como Capsa, Pan American, Tecpetrol y hay otras que no cumplen con esta expectativa y, de persistir esta situación, vamos a empezar con los mecanismos de reversión de aquellas áreas en las que no están cumpliendo”.
Cuando se le pidió que precisara a qué empresa se refería, puso como ejemplo a YPF y mencionó la baja performance de la compañía en la Cuenca del Golfo San Jorge, que incluye tanto Chubut como Santa Cruz.
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, de buena relación con YPF, evitó responder, en cambio, si su provincia les retirará las concesiones a quienes no cumplan los objetivos de producción. “No acostumbro a contestar preguntas hipotéticas”, dijo. Esa diferencia entre ambos mandatarios es una de las causas que explica la vaguedad de algunos fragmentos del documento. (...)".
Acta de directorio
Para Antonio Brufau, presidente de la española Repsol y su filial argentina YPF, la petrolera local es “objeto de algunas críticas injustas”, así como de “amenazas de sanciones o restricciones con dudoso fundamento legal” por parte de funcionarios del Gobierno.
Así lo planteó en el inicio de la última reunión de directorio de la compañía, el jueves 23/02, según consta en el Acta del encuentro. A la reunión intentó ingresar el representante del Estado, Roberto Baratta, acompañado por los secretarios Daniel Cameron y Axel Kicillof, además del jefe de legales del ministerio de Planificación y una escribana.
El acta de la reunión de Directorio fue enviada por YPF a la Bolsa de Buenos Aires como adjunto a un “Hecho Relevante” en el que notificaban las alternativas de ese encuentro.
En ese documento se asegura que al comienzo de la reunión, Brufau dijo que “en atención a la situación por la que está atravesando YPF en estos días , quiere realizar algunas consideraciones sobre esta compañía y Argentina en materia energética”. Y allí es que señaló, según el acta: “En el último mes YPF viene siendo objeto de algunas críticas injustas y de advertencia por parte de las autoridades nacionales y provinciales, así como de notificaciones de diferentes expedientes administrativos, incluyendo amenazas de sanciones o restricciones con dudoso fundamento legal ”.
El Gobierno encaró desde noviembre pasado, aunque con más intensidad en estos días, una fuerte presión sobre YPF. Eso incluyó la denuncia de desabastecimiento por parte de estaciones de servicio convocadas por el Ejecutivo, documentos de las provincias petroleras reclamando por inversiones supuestamente incumplidas (ver pág. 2 8), multas de la AFIP , denuncias de la CNV , presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia , entre otras acciones.
El jueves 23/02 se sumó el intento de los funcionarios de ingresar a la reunión de directorio, que fue rechazada por YPF argumentando que a ese encuentro ingresaban sólo los directores. Baratta, Cameron y Kicillof se retiraron e hicieron una conferencia de prensa. Baratta luego e nvió una carta documento a YPF acusándola de no dejarlo entrar al encuentro y anunciando que pediría la anulación de la reunión de Directorio.
A ambos requerimientos es que respondió ayer (viernes 24/02), YPF con el mensaje a la Bolsa , señalando que Baratta había “sido debidamente notificado de la convocatoria” y que habían invitado a los restantes funcionarios a reunirse con la cúpula empresaria más tarde, cosa que no aceptaron.
En el sector petrolero señalan que la escalada de denuncias contra YPF apunta a consolidar “un caso” que incluya un cúmulo de supuestos incumplimientos que justifiquen luego la intervención de la compañía.
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