Habrá aproximadamente 1500 bajas más a fin de mes, según confirmaron fuentes oficiales y gremiales, al diario 'La Nación'. Se trataría de un grupo de empleados públicos al que se le extendió por tres meses su relación para evaluar su desempeño.
El Gobierno demuestra así que el recorte de personal aún no terminó. Con las cesantías que se concretarán el 31 de marzo, los despidos en el Estado nacional y en los entes descentralizados que de él dependen ascenderían a casi 8000, según indicaron fuentes del Ministerio de Modernización, el organismo a cargo de la auditoria, y de los dos gremios estatales.
La gran mayoría de los contratos que caerán son de vínculos temporarios de empleados que ingresaron al Estado entre 2013 y 2015. Entre los 1500 nuevos despidos, 600 se darían en el Hospital Nacional Alejandro Posadas. En noviembre pasado, el Posadas gastó más de medio millón de pesos de su presupuesto para la organización de un acto al que asistió la ex presidenta Cristina Fernández.
Según se quejó Andrés Rodríguez, líder de UPCN en diálogo con el matutino mencionado: "Hubo algunos despidos con criterio más o menos sensato, ya que no se admitió a gente que ingresó masivamente en el segundo semestre del año pasado. Pero faltó lógica y prolijidad: se expulsó de manera muy indiscriminada".
Desde ATE acusan a sus pares de UPCN de haber bajado la guardia y no empujar un conflicto por las bajas. En efecto, el gremio de Hugo Godoy activó dos protestas de alcance nacional en lo que va del año. UPCN, ninguna.
"Como no se ha tocado la planta permanente ni los que tienen más de dos años de antigüedad es muy difícil llegar a un conflicto de acción directa. Estamos negociando reincorporaciones", justificó Rodríguez, quien admitió que el kirchnerismo le dio "un carácter político" al ingreso masivo de personal durante el último semestre de 2015.
UPCN es el mayoritario en términos de afiliados que aporta con su cuota sindical. Durante el kirchnerismo, ATE siempre firmó en disidencia los acuerdos salariales que sellaba Rodríguez, un dirigente que reforzó su alianza con la Casa Rosada a partir de 2012, cuando se fracturó la CGT para rivalizar con Hugo Moyano.
En ambos gremios estatales confían que a partir del mes próximo, cuando el decreto de revisión de contratos de planta transitoria ya esté sin vigencia, se pueda avanzar con el Gobierno en lo que será la negociación salarial, que, esta vez, tendrá una particularidad: los sindicatos insistirán en el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública.
"Aspiramos a que haya solo planta permanente. En el gobierno de la Alianza se deformó el sistema contractual del Estado", dijo Rodríguez. Pero lejos de bajar la guardia, en ATE prevén más protestas callejeras para exigir la reincorporación de los despedidos.
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