Tiempo de descuento para que Amado Boudou vaya a juicio oral por el resonante caso Ciccone. El juez federal Ariel Lijo consideró concluida la etapa de instrucción y pidió al fiscal del caso, Jorge Di Lello, que requiera la elevación para sentar en el banquillo al exvicepresidente por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
En la causa, Lijo tuvo por acreditado que Boudou, junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras el exvice de Cristina Fernández se desempeñaba como ministro de Economía, informó el Centro de Información Judicial.
La operación se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial, determinó la investigación.
En la causa se constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública.
En este sentido, Boudou tuvo injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner — Jefe de asesores de la AFIP— y César Guido Forcieri –Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP.
Asimismo, Amado Boudou intervino, a través de personas interpuestas (o sea, testaferros), en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra de la empresa, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional.
Esa finalidad se vio satisfecha una vez que Amado Boudou fue vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda, certificó la pesquisa.
Además de Boudou, fueron procesados Núñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, Rafael Resnick Brenner, y Guido Forcieri, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000.
Dichos procesamientos, con excepción de Guillermo Reinwick, fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.
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