La División de Delitos contra la Salud de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal desarticuló una organización integrada por una veintena de personas que se dedicaba a realizar abortos y comercializar medicamentos prohibidos por la ANMAT en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.
Tras una investigación de seis meses, se detuvo a las personas involucradas en la realización de las intervenciones y a otras que promocionaban en la vía pública -mediante la entrega de folletos- métodos para interrumpir el embarazo.
Se encontraron en poder de los detenidos pastillas Oxaprost y Cytotec, prohibidas por ANMAT, que eran utilizadas para maniobras abortivas. El “tratamiento” tenía un costo que oscilaba entre los 2.800 y los 9.000 pesos, según el período de gestación en que se encontraba.
Se realizaron 10 allanamientos, en su mayoría domicilios particulares de los principales implicados que eran utilizados como “consultorios”. En uno de los allanamientos, en Ciudadela, se detectó la presencia de una mujer extranjera de 18 años a quien se le habían suministrado las pastillas referidas.
Como ya se encontraba con fuertes contracciones abdominales, intervino personal de asistencia médica y fue trasladada al hospital más cercano, donde quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín.
Como resultado de los operativos se secuestraron 42 teléfonos celulares, jeringas, ampollas y pastillas de los medicamentos prohibidos, guantes de látex, ecografías, matrículas, bandas elásticas para la extracción de sangre, algodón, apósitos, alcohol en gel, computadoras, folletos promocionando la interrupción del embarazo, credenciales de enfermería y sellos al parecer apócrifos.
La organización funcionaba con una logística de captación de clientes en la vía pública, mientras que los líderes de la banda comercializaban los medicamentos, recaudaban el dinero de las intervenciones, distribuían folletería y controlaban a las mujeres que oficiaban de "volanteras".
Intervino el juzgado nacional en lo criminal de instrucción N° 49, a cargo de María Dolores Fontbona de Pombo. (Télam)
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