Llegó el turno de los artistas K, que en los últimos tiempos sólo atinaron a criticar al gobierno de Mauricio Macri, justificar y luego lamentar el avance de la Justicia en los casos de corrupción kirchnerista y los escándalos como el reciente caso de José López.
Ocurre que el juez Claudio Bonadio decidió llamar a indagatoria a 70 exfuncionarios y empresarios por irregularidades en los subsidios otorgados al cine argentino que le habrían ocasionado al erario un perjuicio de unos $50 millones.
Entre los citados están las últimas autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante el gobierno de Cristina Fernández.
El juez investigó el otorgamiento de decenas de subsidios conocidos "Terceros J" o "3-J" en referencia al artículo tercero, inciso J, de la ley de cine, que permite la entrega de dinero de manera directa por parte de las autoridades del INCAA.
En varios de los casos analizados, los investigadores detectaron irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos de las producciones que se financiaron mediante esos subsidios.
Según los investigadores judiciales, el dinero otorgado cayó, en muchas ocasiones, en un agujero negro que produjo un perjuicio al Estado que en tribunales calculan en alrededor de 50 millones de pesos, indicó este miércoles (22/6) el portal Infobae.
Además de los funcionarios Bonadio citó al senador nacional por Proyecto Sur y cineasta, Fernando "Pino" Solanas, el diputado nacional porteño Julio Raffo (Frente Renovador) y conocidos empresarios del medio como Diego Guebel (fundador de Cuatro Cabezas junto a Mario Pergolini), Fernando Sokolowicz quien fuera dueño del diario Página/12, entre otros.
Desde esta semana y hasta el 11 de noviembre, las 70 personas ligadas al mundo del cine nacional deberán pasar por el despacho de Bonadio para rendir cuentas por la entrega de subsidios para diferentes producciones.
Entre los citados también están el sindicalista de los estatales, Andrés Rodríguez; el rector de Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami, y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, además de directivos de productoras cinematográficas, fundaciones y entidades educativas que recibieron los fondos.
Bonadío maneja la causa desde su creación en 2007. La conducción de la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) había cuestionado esos subsidios porque implicaban "una discrecional erogación por parte del Incaa".
Y el 15 de junio se conoció un informe del la AGN que señaló que "los créditos y subsidios no se canalizaron a través de una entidad bancaria” como marca la normativa vigente.
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