En las últimas horas, la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti denunció que seis oficiales de la Policía Metropolitana fueron enviados "como espías viajeros" a Santa Cruz, por orden del juez federal Claudio Bonadio, para hacer "servicios de inteligencia" en la casa de los suegros de Cristina Fernández, mediante una resolución que no se publicó en el Boletín Oficial.
"Pese a que la Cámara Federal falló que no deben ser usados fuera de la Ciudad, el ministro Martín Ocampo firmó la orden", afirmó.
Luego el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, salió a responder las acusaciones y afirmó que efectivamente "fue una orden del juez Bonadio" aunque resaltó "no sé con qué causa".
Sin embargo, en diálogo con radio Continental, el ministro explicó que "la Policía Metropolitana es auxiliar de la Justicia, cumplimos órdenes judiciales" y agregó: "después habrá que ver si (Cristina Fernández) presenta la denuncia por violación de domicilio. Pero lo más raro que le puede resultar a Cristina Fernández es que los jueces investiguen y manden policías".
Según Cerruti, Ocampo firmó la resolución 373/MJYSGC/16, (que efectivamente no fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad), que autorizó a seis policías a viajar a suelo santacruceño entre los días 13 y 22 de junio, "a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21", a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
Según remarcó la ex legisladora porteña y diputada del Parlasur en declaraciones al portal Nuestras Voces, el ministro Ocampo confirmó el requerimiento presentado por Bonadio y la posterior puesta a disposición de la media docena de efectivos.
"El texto de la resolución dice: “Autorízase al Inspector LP 3994 Leonardo Salazar (DNI Nº 26.965.666), al Subinspector LP 4272 Sergio Sequeira (DNI Nº 28.123.136), al Oficial Mayor LP 1180 Juan Pez (DNI Nº 27.888.517), al Oficial LP 1685 Gabriel Issasi (DIN Nº 28.672.085), a la Oficial LP 2986 Ruth Vera (DNI Nº 36.534.877) y a la Oficial LP 5697 Mariela Centurion (DNI Nº 32.796.013) a viajar a la Provincia de Santa Cruz, entre los días 13 y 22 de junio del corriente año, a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21.”, afirma.
Cabe destacar que no es la primera vez que este magistrado emplea a la fuerza de seguridad de la Ciudad para actuar en Santa Cruz: a mediados de julio de 2015, había enviado a la Metropolitana a efectuar una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kirchner en Río Gallegos, en el marco de la causa Hotesur.
Por esta maniobra, Bonadio fue apartado de la causa. En el fallo de la Sala I, Eduardo Freiler consideró que “el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por la ley 2894 que creó la Metropolitana, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial".
Sin embargo, esa misma ley le da la razón al ministro Ocampo. Establece en sus artículos 18 y 23 que la Metropolitana cumple funciones “de auxiliar de la Justicia” y que “coopera dentro de sus facultades, con la Justicia Local, la Justicia Federal, la Justicia Nacional y la de las Provincias, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, cuando así se le solicitare”.
Al respecto, la ex presidente Cristina Fernández salió a hablar del episodio ayer. Luego de detallar lo sucedido en la vivienda de sus suegros, la ex jefa de Estado relató como otro hecho llamativo que, “unos días antes, la Policía de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Güer Aike, a seis oficiales de la Metropolitana procedente de Calafate”.
Se trataba –y así los enumeró Cristina con nombre y apellido– de los mismos agentes enviados por Bonadio y Ocampo. Según la reconstrucción hecha por la ex mandataria, los efectivos sólo revelaron su condición “al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego”.
En cuanto al motivo de su visita a la capital provincial, primero dijeron que era simple turismo, pero luego, cuando se les halló una pistola Glock 9 mm, admitieron que tenían “el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos”.
No hubo noticias de allanamiento alguno. En el texto publicado en su muro de Facebook, Cristina puso la lupa sobre la denuncia de Agustín Rossi, quién había lanzado: “¿Se está construyendo una fuerza paraestatal (…) con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior?
¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros?”.
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