La esposa de Máximo Kirchner está imputada por defraudación a la administración por el manejo de $223 millones por "Argentina Sonríe", el ambicioso plan K de asistencia dental que implicaba una enorme inversión pública, pero que no cumplió con sus objetivos y estuvo plagado de irregularidades.
El programa a cargo de Rocío García suponía una inversión de $127 millones para hacer 2 millones de prácticas por año pero, durante el tiempo que funcionó, sólo se hicieron 11 viajes: 6 de ellos a Santa Cruz y los restantes, a Buenos Aires y Entre Ríos.
La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini. "Todo se hacía en función de lo que ella pedía", le dijo al magistrado, en testimonial, un auditor del ministerio de Salud. De acuerdo al informe final de auditoría se registraron un faltante de cerca de ocho millones de pesos en equipamiento, además de irregularidades en el manejo de personal y pago de sueldos, entre otras cuestiones.
Se detectaron además otra serie de irregularidades como "desvíos en la ejecución de metas, incumplimientos en los convenios con universidades y rendición de fondos" y compras sin los debidos procesos licitatorios.
En una reciente declaración, el auditor Marcelo Francisco expuso ante Ercolini una serie de detalles sobre la causa, con la correspondiente documentación, que complica la situación judicial de la actual ministra de Salud de Santa Cruz.
"Se hacía y se dejaba de hacer lo que ella indicaba", indicó Francisco, según consigna el diario 'Clarín'. El informe indica que se detectó un faltante de equipamiento de $7.769.592 en el Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS) de Río Gallegos, que dirigía la exposa de Máximo, y que hubo irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas".
Esto implica la "posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud", entre otras anomalías. En la auditoría detectaron parte del equipamiento médico que tenía estar en los móviles sanitarios, que costaron $80 millones, en salas del Centro Articulador.
A pesar de estos movimientos no había "actas de traspaso y/o documentación que certifique el traslado de equipamiento", acusa el informe. En la oficina trabajaban 186 personas y, en este sentido, se denunciaron "graves irregularidades en los procedimientos implementados".
Por ejemplo, contrataciones donde el Ministerio "abonó los salarios aunque se encontraban trabajando afectados al CAPS hasta septiembre del 2016" y que "en dicha fecha en forma injustificada y unilateral, 19 contratados fueron desafectados".
No hay comentarios:
Publicar un comentario