La marcha del #1A envalentó al gobierno de Cambiemos a pesar del paro nacional del 6/4 que convocó la CGT. Con ese empuje, sumado al buen resultado del blanqueo de capitales, la Administración Macri impulsa ahora el blanqueo laboral.
Se trata de un reclamo de la CGT y de empresarios, pero con sus matices. Lo sindicatos no quieren perder la posibilidad de cobrar aportes adeudados, y las empresas pretenden obtener beneficios impositivos o condonaciones de deudas.
Sea cual sea la letra final de la iniciativa, el Gobierno nacional la quiere imponer por decreto a pesar de que están involucrados impuestos, que requieren la intervención del Congreso de la Nación, con prioridad de tratamiento para el Senado.
En Urgente24 ya adelantamos la semana pasada que Macri tiene en carpeta entre 6 y 7 decretos ante la inactividad del Congreso y la falta de mayorías propias. Además, no quiere enredarse en complejas negociaciones con los bloques opositores. Pero de todos modos sus decretos terminarán indefectiblemente en el parlamento, ya que deben tener el visto bueno del Legislativo.
Macri, además, se arriesga a que sus DNU’s sean rechazados o queden varados así como ocurrió en los últimos días en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con los decretos sobre la modificación de los créditos del plan Procrear y a la Ley de Reparación Histórica, que no tuvieron dictamen de mayoría a favor ni en contra.
La idea del Gobierno nacional con el blanqueo laboral es sacar de la informalidad a 300 mil trabajadores por año. Se trata de un viejo pedido sindical, pero el tema es la implementación: podría imponerse una moratoria para que los empleadores pueden regularizar su situación con facilidades o un blanqueo total con condonación de deudas.
Jorge Sola, secretario de Comunicación de la CGT y quien además forma parte del Consejo Directivo y es especialista en temas previsionales, consideró: “Esto viene de hace tiempo y es un objetivo que nos hemos puesto y que se lo venimos reclamando al anterior gobierno. Condonar las deudas pasadas no va a alcanzar porque ya se hizo en otros gobiernos y para lo único que sirvió fue para que algunos empresarios siguieran poniéndose dinero en el bolsillo correspondiente a la Seguridad Social”.
El debate está centrado en que haría falta una ley para formalizar el blanqueo laboral por ser un tema tributario. Otro debate es que Macri quiere un blanqueo de los trabajadores en negro a partir de condonar hacia atrás como ya lo hizo el kirchnerismo y antes el menemismo, pero la cuestión, al menos para las pymes, es el flujo: la presión tributaria. Sin resolver lo último, el problema volvería a repetirse en el futuro.
Otra cuestión es el pago de ganancias para los jueces. Aquí la ley se sancionó el año pasado, pero obligar a que los jueces paguen se haría por un decreto reglamentario. Con ese instrumento, Macri buscará que tributen los nuevos magistrados, fiscales y defensores, incluidos aquellos que provengan del Poder Judicial.
La Corte Suprema interpreta que quienes deben pagar ganancias son los funcionarios judiciales y jueces que ingresen al Poder Judicial a partir de 2017. El Gobierno no piensa así. Se avecina un nuevo choque con el máximo tribunal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario