Muchas son las especulaciones que surgen en torno a cuál será la posición que tomará la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Recientemente se sancionó en el senado bonaerense, con votos del oficialismo, una ley que deja establecido que el último gobierno de facto de 1976 a 1983 fue "una dictadura cívico-militar" y que establece como inamovible que el número de los desaparecidos fue de 30.000.
El proyecto es iniciativa del legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez. El ex intendente (mal alcalde de Lanús, y su gestión deficiente contrasta con la cantidad de obra que está realizando su sucesor, Néstor Grindetti, que le está cambiando el rostro al municipio), planteó una ridiculez que no sólo no resiste una investigación sobre la historia reciente sino que es un hecho jurídicamentre inconstitucional pero como es antipático oponerse, el bloque Cambiemos votó favorablemente. Una tontería importante.
El documento establece que se incorporará “de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el término ‘Dictadura Cívico-Militar’ y el número de 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Además, la argumentación de la ley afirma que el derrocamiento de la por entonces presidente María Estela Martínez de Perón tenía como objetivo “imponer un modelo de acumulación con lo financiero en el centro, de apertura económica, disminuyendo el Estado social, avanzando hacia la concentración económica”.
También, la ley establece que todas las comunicaciones del gobierno de María Eugenia Vidal referidas al tema deberán contener esas expresiones.
Frente a esto se había especulado si la misma ley iba a ser vetada por la gobernadora Vidal, pero es imposible hacerlo sin generar un nuevo debate o controversia. Además sería desautorizar al bloque propio. Vidal preferiría no vetar.
Eso sí: los constitucionalistas consultados insisten en que es inconstitucional y que la Corte Suprema de Justicia bonaerense así lo entendería, en el caso que se presente un reclamo de algún particular damnificado.
En este contexto, a Vidal le parecería correcto: que sea la Corte la que establezca, cuando corresponda, la interpretación constitucional de algo que Urgente24 considera una aberracción, que es la ley provincial sobre 30.000 detenidos-desaparecidos.
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