El secretario de energía Gustavo Lopetegui. Foto: web |
(U24) - Tras una denuncia presentada el 28/7 por el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FPV), el fiscal Franco Picardi imputó al Secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui y abrió una causa penal ante la jueza María Eugenia Capuchetti por el presunto delito de malversación de fondos públicos “que podrían haber generado beneficios económicos indebidos en favor de las concesionarias Edesur y Edenor".
La investigación también apunta contra Juan Antonio Garade, titular de la secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, que antes de pasar a la función pública había trabajado en las mencionadas empresas y por lo cual la Justicia busca conocer sus declaraciones juradas para saber si hubo un conflicto de intereses.
En su imputación, Picardi pide que se investigue si Lopetegui le condonó una deuda de más de 7000 millones de pesos a las empresas eléctricas. Ese beneficio solo podría haberse otorgado si las empresas hubieran registrado indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media, lo que no sucedió.
Para los casos en los que las empresas no cumplieran con los parámetros de calidad, estaban obligadas a devolverle el dinero a los usuarios. El monto original de las sanciones era de 7000 millones de pesos: para los denunciantes si esa cifra se actualizara rondaría los 35 mil millones de pesos. Si se dividiera por la cantidad de usuarios, casa uno debería recibir entre 1200 y 7000 pesos de parte de las eléctricas.
"La denuncia destaca que la Administración Nacional habría beneficiado de manera ilegítima a las concesionarias, a través de la malversación de los fondos obtenidos en concepto de multas, pues estas últimas deberían haber favorecido a los consumidores, y no a los empresarios sancionados", escribe Picardi en su dictamen.
La reglamentación vigente establece que los montos de las multas que reciben las prestadoras de energía eléctrica pueden ser destinados a la ejecución de inversiones adicionales, siempre y cuando el concesionario hubiera logrado mantener una calidad de servicio superior a los índices de la calidad media de referencia. En caso contrario, las sanciones deben ser abonadas a los usuarios afectados, a través de créditos en sus facturas.
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