(U24) - En Uruguay los sectores conservadores impulsaron la iniciativa de derogar la "ley de identidad trans" que rige en el país. Era necesario un 25% del padrón para que se pudiera avanzar hacia un referéndum para derogar la ley sancionada el 26 de octubre del año pasado, pero solo el 8% apoyó la iniciativa. Entre los que apoyan la derogación de la norma se encuentran los sectores evangelistas y conservadores.
El principal impulsor del prerreferéndum fue el diputado (suplente) Carlos Iafigliola. Para lograr el prerreferéndum este sector logró recolectar 69.000 firmas. Sin embargo, no lograron que 650.000 uruguayos (un 25% del padrón electoral) concurra a los centros de votación y coloque la papeleta (única) que habrá en el cuarto secreto.
Los uruguayos honestos tienen derechos consagrados en la Constitución y nadie puede ser privados de ellos, incluidos los compatriotas trans Queremos #DerogaLaLeyTrans en defensa de los menores de edad y de los limitados recursos estatales No a la #LeyTrans el 4 de agosto, yo voto pic.twitter.com/DkJnjkSC2F
— gabriel abdala (@gabrielabdala13) July 30, 2019
La norma (ley 19.684) incluye de la posibilidad de hacer los cambios registrales según la identidad sexual y un cupo para que el 1 por ciento de los cargos de la administración estatal sean destinados a personas trans.
También contempla un régimen reparatorio para quienes hayan sido víctimas de violencia institucional, la exigencia de que todas las instituciones educativas brinden apoyo para que las personas trans puedan seguir sus estudios y programas de vivienda y acceso a la salud integral.
Cuando la ley fue sancionada, contó con el apoyo de 62 legisladores sobre los 88 presentes (la cámara está compuesta por 99). Según estudios del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay (Mides) y la estatal Universidad de la República, hay 853 personas trans en el país: el 87% no terminó los estudios secundarios, el 25% abandonó su hogar antes de los 18 años y el 67% tuvo que prostituirse para sobrevivir.
Pero los puntos más polémicos de la ley son dos: el que trata del cambio de sexo (financiado por el Estado) y una pensión para aquellas personas trans cuyos derechos fueron vulnerados en la pasada dictadura militar (1973 – 1985), que hasta el momento son siete y cobran una pensión de 330 dólares mensuales.
Además, se contempla que los menores de 18 años puedan acceder a tratamientos de hormonización, con el consentimiento de sus padres y de no ser así pueden recurrir a la Justicia para que dirima si el menor puede o no someterse al tratamiento.
Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido a la situacion en la que se encuentran las identidades trans por las barreras culturales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad.#LeyTranspic.twitter.com/CaYUhQZKKE
— LeyTransYa (@leytransya) August 4, 2019
Con “estilo de vida” se refieren a vivir en la indigencia, tener que prostituirse, y a tener una expectativa de vida que no llega a los 40 años. Es chocante que instituciones religiosas se organicen para esto.#LeyTranspic.twitter.com/33IBxVUgHQ — Min. Diego González (@diegodelacurva) July 30, 2019
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