Ramón Granero, ex titular de la Sedronar.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El mundo K vive con alivio y algo de euforia la resolución del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina y varios funcionarios de su gobierno por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
Pero hay muchas causas contra funcionarios K en la Justicia que avanzan. Este viernes (27/02) quedó firme el procesamiento del extitular de la Sedronar, José Ramón Granero en la causa del Tráfico de Efedrina.
Esa investigación corre paralelamente a la de exportación de esa sustancia a México y Colombia, la triple muerte de Forza y sus dos amigos, y salpica a Cristina por sus fuentes de financiamiento de campaña.
También están en la mira el secretario privado de Granero, Miguel Zacarías, quien habría realizado varias llamadas a distintas líneas de la Casa Rosada.
Se los acusa a Granero y otros ex funcionarios por falta de controles en el ingreso al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso.
Casación rechazó un recurso de queja presentado por los abogados de Granero contra un fallo de la Cámara Federal que en noviembre pasado confirmó el procesamiento dispuesto por la jueza federal María Servini de Cubría, a cargo de la investigación que aún está en trámite y también abarca a otros ex funcionarios y empresarios, informó esta mañana la agencia Noticias Argentinas.
Lo hicieron los jueces de la Sala III Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, rechazaron una queja interpuesta por Granero contra el fallo de Cámara, y dejaron firme su procesamiento.
Granero encabezó la Sedronar entre 2004 y 2011 y fue considerado "prima facie partícipe necesario del delito” de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino de uso, que tiene una pena de cuatro a 15 años de prisión.
Concretamente se le reprocha el no haber establecido controles sobre la importación de efedrina, y a la cual se le habría dado otros destinos a los sindicados, la fabricación de drogas.
"En el peor de los casos, desconocimiento legislativo o estadístico de necesidades legitimas mediante, falta de presupuesto, entorpecimiento de sus funciones por parte de otros ministerios o la argumentación que fuere, ¿no deberían haber respetado los parámetros de consumo de efedrina que se registraban desde hace años? Mantener los límites de importación de antaño, ni más, ni menos. Posiblemente así, en otro contexto debería analizarse sus argumentaciones sobre el desconocimiento de las necesidades sanitarias y el entorpecimiento de sus funciones; pero en el marco actual de cosas, resultan actores principales de lo que ocurrió en el país con los desvíos de efedrina hacia el narcotráfico", consideró la jueza.
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