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| El papa Francisco y el cardenal Claudio María Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. |
“Si Nicolás Maduro está separado del cargo, todo lo que haga con la apariencia y carácter del Presidente, se considera primero írrito, y segundo, lo hace a él reo de las sanciones correspondientes para la usurpación de la función pública, que es un delito tipificado en el código penal”, es la conclusión de los opositores que controlan la Asamblea Nacional venezolana, y lo fundamentaron en la Constitución bolivariana.
El régimen de Nicolás Maduro —que dejó de ser democrático según un informe preparado en 2016 por el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro— ha convertido al Tribunal Supremo de Justicia en una repartición sin autonomía y que actúa para avalar decisiones 'de facto' del Ejecutivo. El TSJ llegó a declarar que el cuerpo legislativo se encontraba “en desacato”.
El conflicto de poderes es evidente. Muchos creen que Maduro se apresta a disolver la Asamblea Nacional, incluso acompañando esa medida con una nueva convocatoria de elecciones. Lo hizo Alberto Fujimori en Perú pero el costo político fue inmenso.
En el caso de Venezuela, abundarían las acusaciones de dictadura. Todo indica que Venezuela se encuentra en una situación que no tiene una salida constitucional. Maduro, quien enfrenta un nivel de impopularidad cercano al 85%, afirmó por cadena nacional de radio y tv: “Como Presidente pido a los poderes públicos que no deben quedar impunes las violaciones a la Constitución y los desacatos al orden legal.
La AN [Asamblea Nacional] aprobó un manifiesto golpista”. Para algunos analistas, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional se está produciendo tardíamente, y pudo haber tenido un mayor impacto de haber sido tomada meses atrás.
¿Qué ocurrió en el interín? La mediación conjunta de la OEA, Unasur y el Vaticano, que ahora ha fracasado. La colisión que ahora ocurre, exige como mecanismo complementario, que la oposición no regrese al diálogo con Maduro el viernes 13/01, afirmó Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma Interamerican Trends: “Si ellos el 13 de enero se sientan en la mesa, esto pierde peso otra vez”.
"La dirigencia de la oposición debe tornarse mucho más sensible al riesgo de seguir decepcionando a las bases y también debe evitar situaciones que erosionan su credibilidad, como fue decisión de entrar en conversaciones con el régimen a finales del año pasado, paso que congeló el cronograma de protestas que había preparado en respuesta a la decisión de Maduro de bloquear un referendo que buscaba recovar su mandato", fundamentó De La Cruz.
No todos los partidos de la oposición están participando en el proceso de diálogo, comenzando por Voluntad Popular, fundada por el encarcelado dirigente Leopoldo López. “Solo la calle le devolverá al pueblo la libertad, el pueblo debe movilizarse.
Por eso convocaremos al pueblo a una gran movilización el 23/01, para comprometernos con avanzar hasta llegar al resultado”, dijo en rueda de prensa el diputado Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular.
El parlamentario señaló que la labor “fundamental” de la oposición alineada dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “es movilizar al pueblo para crear una situación de calle, democrática y pacífica para que el régimen sepa que no se puede mantener en el poder más tiempo”. Estas noticias ocurre en una Venezuela extremadamente violenta: "Sucede todos los días, tan seguro como el sol se levanta sobre el barrio más grande de América Latina en Caracas, la muerte es una de las pocas cosas garantizadas que se pueden encontrar en Venezuela”, así comenzaron los periodistas Héctor Torres y Alejandro Cegarra un fotoreportaje sobre la situación del país para The Washington Post.
En los recientes 17 años se han registrado 252.000 muertes por violencia en Venezuela. “Ya sea la pérdida de un amigo o un pariente, todos aquí han sido afectados por la violencia. La muerte está en el aire”, escriben los periodistas.
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