(TN) - El oficialismo pidió en el Consejo de la Magistratura la declaración jurada de Jorge Ballestero (foto), uno de los camaristas que ordenaron la liberación del empresario K Cristóbal López y aliviaron su situación judicial.
Así lo solicitó el presidente de la comisión de Disciplina y Acusación del organismo, el diputado macrista Pablo Tonelli, propuesta que fue aprobada por el cuerpo. El pedido del legislador del PRO está relacionado con la denuncia de la diputada Elisa Carrió, que reclamó que se investigue si hubo coimas por el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, por el que Ballestero y de Eduardo Farah dispusieron la liberación del empresario K y el cambio de carátula de la causa, que pasó de "defraudación contra la administración pública" a "apropiación indebida de tributos".
Se trata de la investigación en la que el empresario K está procesado por la evasión de al menos $ 8.000 millones durante el kirchnerismo con su empresa oil Combustibles. La comisión de Disciplina y Acusación aprobó que se entreguen todas las declaraciones juradas de los magistrados con sus anexos reservados.
La medida está relacionada con el pedido de Carrió, que pidió a la Magistratura que se investiguen los bienes de Ballestero, al considerar que detrás del fallo que benefició a López pudo haber habido "intereses económicos".
Camarista federal desde 2008, Ballestero es el juez más rico de Comodoro Py: de acuerdo a su declaración patrimonial correspondiente a 2016 tiene un patrimonio de $ 12.178.047, consigna La Nación.
El juez justificó el aumento de su patrimonio en relación al de 2015 al argumentar que se produjo por la venta de una casa suya en el country Mayling. En relación a Farah la diputada mencionó un artículo del periodista Ricardo Roa publicado en Clarín bajo el título "Cristóbal López busca otra ayuda judicial", en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, que sería nexo entre el juez y López.
En ese marco puso el foco en el abogado Jorge Mazzaglia, quien fuera -según la denuncia- presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de López.
En esta línea pidió que se investigue el vínculo de ese abogado con los magistrados, como así también que se determine si tiene "algún parentesco" con Matías Mazzaglia, quien asegura trabaja en la vocalía a cargo de Farah, y Marcelo Mazzaglia, a quien señala como jefe de despacho de la Sala II de la Cámara Federal porteña.
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