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| El ministro de Energía Juan José Aranguren al anunciar un aumento de hasta el 40% en las tarifas de gas (Foto: Captura de video) |
(U24) - El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) solicitó a la justicia frenar de inmediato la nueva suba en la tarifa de gas porque, consideran, se trata de un “aumento inconstitucional”. El aumento fue anunciado la semana pasada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
La ONG interpuso un amparo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) porque anticiparon un mes la aplicación del aumento del 40%en la tarifa de gas natural por redes, cuando la normativa vigente establece que el nuevo cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1° de mayo de 2018.
De modo tal que si se aplicara desde el 1° de abril afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos. En la presentación, que por sorteo fue asignada al Juzgado Federal Nº 2 de La Plata a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu, Cepis solicitó que la Justicia ordene “al ENARGAS, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que proceda a aplicar los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes de mayo del corriente año, hasta tanto se dicte sentencia de fondo en los presentes obrados”.
Cepis pidió que la Justicia dicte una medida cautelar “respecto de los efectos de las Resoluciones 300 a 309/2018 atento a su manifiesta inconstitucionalidad".
Las resoluciones del Enargas violan el derecho de propiedad de los ciudadanos -artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional-, los intereses económicos de los usuarios -artículo 42 de la Constitución Nacional-; también atentan contra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto DESC), indica la presentación.
De todos modos, el aspecto central que la presentación denuncia es que el Poder Ejecutivo mediante una simple nota que ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial pretende derogar el cronograma establecido en el marco regulatorio del Gas Natural, aprobado por el decreto 2255/92, lo que iría en contra del principio de legalidad y el de razonabilidad garantizado por la Constitución y fallos de la Corte Suprema de Justicia, según publicó el portal Infocielo.
"Las Resoluciones 300 a 309/18 emitidas por el Ente Nacional Regulador del Gas -ENARGAS- afectan de manera actual los derechos de propiedad de la clase representada, violentando de manera directa el principio de razonabilidad e igualdad, todos derechos y garantías previstos en los arts. 14, 16, 18, 28 y 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional”, denuncia la presentación de Cepis.
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