(U24) - Miguel Ángel Pichetto y el Gobierno nacional polemizaron este jueves (25/10) sobre los inmigrantes a raíz de la situación procesal y de permanencia en nuestro país de los cuatro extranjeros detenidos durante los incidentes frente al Congreso de la Nación durante el debate por el Presupuesto 2019.
El debate sobre la política inmigratoria argentina y los controles al ingreso de ciudadanos de otros países ocurre bajo la sombra de las elecciones en Brasil y la figura de Jair Bolsonaro, que planteó el tema como uno de los ejes de su campaña.
Después de que Pichetto pidiera la deportación de los extranjeros detenidos y cuestionara la política de refugio para los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno nacional salió a responder que pedirá un juicio abreviado para echar a los detenidos por los incidentes del jueves 25/10, durante una conferencia de prensa que brindó el ministro del Interior Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Más tarde, Frigerio insistió con el tema durante una entrevista con el canal de noticias TN, donde recordó el decreto de Macri para acelerar deportaciones y proclamó a Cambiemos como el gobierno que más deportaciones había hecho en los últimos años: "Nosotros a los que delinquen en la Argentina y no son residentes los expulsamos del país.
Y lo venimos haciendo, sobre todo el año pasado a partir de un decreto del Presidente, con mucha más facilidad que lo que ocurría antes". Y precisó: "De hecho en los últimos 12 meses tenemos más deportaciones de delincuente que probablemente en los últimos 10 años".
El ministro explicó que "el que define quién es el que delinque o no delinque es la Justicia. Si la Justicia finalmente decide que hubo algún delincuente, sin residencia, sin documentos en la Argentina, nosotros nos vamos a encargar de sacarlo del país".
El decreto al que hacía referencia Frigerio es al 10/2017 del año pasado por el cual se acelera la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos, lo que generó las quejas de la oposición.
El DNU prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas, pero también apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme.
Hace un año, el juez Ernesto Marinelli rechazó un amparo colectivo liderado por el CELS que buscaba impugnar el Decreto 70/2017 por inconstitucional.
Se calcula que en la gestión de Cambiemos las deportaciones crecieron 3150% en dos años. En 2015 habían sido sólo dos los inmigrantes deportados del país. En 2016 fueron 33 y en 2017 superaba los 65.
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