(U24) - La disputa de la Superfinal River-Boca en España le dejó a la Argentina una demostración de su incapacidad para organizar un partido sin incidentes y enseñanzas de cómo se está resolviendo el tema de los barrabravas en ése país.
Tras la victoria de River, se espera ahora que el Congreso avance con el proyecto de ley contra los violentos en el fútbol, pero ya no será el mismo que envió el primer mandatario entre la resistencia de la oposición y de sus propios aliados. Otro fracaso parlamentario del Gobierno a pocos días del final del año.
La oposición mayoritaria en el Congreso recibió el proyecto contra los barras que envió Macri con muchas críticas por el endurecimiento de penas y obligó a Cambiemos a aceptar innumerables modificaciones que terminaron morigerando las sanciones y haciendo a la mayoría excarcelables ya que ahora el mínimo de las penas no supera los 3 años de prisión.
Entre otras modificaciones pedidas por la oposición se destacan, por ejemplo, que las penas por delitos ya tipificados en el Código aumentan un tercio si son cometidos en el marco de espectáculos futbolísticos.
Habrá penas de 6 meses a 2 años, al que tuviere en su poder, introdujere, guardare o portare objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxicos.
También tendrá pena de 2 a 6 años de prisión el que introdujere o guardare armas de fuego o artefactos explosivos. Muy lejos de los 3 años y hasta 8 años que preveía el texto original enviado por la Casa Rosada que incluso los elevaba a 10 para el caso de armas de guerra.
También la financiación a los barras quedó como excarcelable ya que las penas van de 1 a 3 años. En el caso de la venta no autorizada de entradas la pena será de prisión de 1 mes a 1 año. En tanto, será de 6 meses a dos años si el delito es cometido por directivos, futbolistas o barras. En este caso también se preveían sanciones de hasta 5 años.
El caso de los denominados ‘trapitos’ fue uno de los que más resistencias generó por parte de la oposición. Se impondrá prisión de 1 a 6 meses si se pide pago a voluntad, y 2 a 4 años si se exige. El Gobierno había establecido pena de 1 a 2 años de cárcel para el primer caso y 3 a 5 años para el segundo.
Los cambios antes mencionados, y otros más, ni siquiera garantizan la aprobación del proyecto en Diputados, que este martes 18/12 haría su última sesión del año. Luego falta que el Senado lo sancione, con lo cual quedaría para 2019.
Ocurre que Cambiemos no se asegura los votos para aprobarlo. En el kirchnerismo plantean que se prohíba a los funcionarios integrar las comisiones directivas de los clubes. Esta vez coincidieron en ese reclamo con Elisa Carrió.
En el radicalismo también hay resistencias porque no quieren darle más poder a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viene de imponer un protocolo de seguridad muy cuestionado incluso por Carrió.
Una prueba de la falta de consenso, incluso en Cambiemos, es que el dictamen fue firmado con disidencias por oficialistas como Luis Petri, Fernando Iglesias, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Martín Hernández, Josefina Mendoza y Jorge Enriquez.
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