La Cámara Federal confirmó este martes la nulidad de un dictamen que pedía el sobreseimiento de Carlos Gonella, extitular de la fiscalía antilavado. Gonella está procesado por no haber iniciado una acción penal contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez cuando tomó estado público el caso conocido como "la ruta del dinero K".
Gonella, de relación casi familiar con el funcionario kirchnerista Carlos Zannini y protegido de la procuradora Alejandra Gils Carbó, omitió imputar a Báez y sólo incluyó en la denuncia al valijero Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar.
Por esto, Gonella y el otro fiscal de la PROCELAC, Omar Orsi, fueron denunciados y procesados luego por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el delito de "prevaricato". La Cámara Federal ratificó la sentencia.
Pero el fiscal del caso, Juan Pedro Zoni, intergrante del colectivo judicial K 'Justicia Legítima', había pedido su sobreseimiento, dictamen que fue anulado en 1ra instancia por no haber fundamentado suficientemente la petición. Esa decisión fue respaldada por la Sala II del tribunal de apelaciones porteño.
Según el fallo de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, Zoni basó su requerimiento en una "selección parcial de las pruebas" y "omitió cualquier reflexión o cotejo" con otras que están en el expediente.
En su pedido, Zoni "solo expresa su opinión acerca que las últimas pruebas producidas en el expediente (pedidas exclusivamente por la defensa) a las que califica como “desincriminantes”,pero para atribuirles esa calidad saltea el paso lógico necesario de confrontarlas con el restante cuadro probatorio por el que ya se habían dado por acreditados los hechos con el alcance suficiente como para el dictado del procesamiento", dice el fallo.
Además, destacó que la posición del fiscal Zoni contrasta con la asumida por los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal a lo largo del trámite, que requirieron la instrucción de la causa y compartieron el dictado del procesamiento.
Se tuvo en cuenta expresamente, también, la presentación del fiscal general de Cámara Germán Moldes –superior de Zoni- que desistió del recurso por compartir que ese dictamen del fiscal resultaba arbitrario y carente de fundamento.
El caso se inició 14/04 de 2013, cuando el programa de TV 'Periodismo para todos 'puso al aire a Federico Elaskar y a Leonardo Fariña, quienes confesaron haber blanqueado y sacado del país unos 55 millones de euros de Báez.
Al día siguiente, el asunto se transformó en una causa judicial. El fiscal Guillermo Marijuan estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González, que ordenó el 17/04 hacer un requerimiento amplio que contuviera las denuncias que mencionaban las maniobras de Báez y sus hijos.
Pero un día más tarde, el fiscal González dijo que lo habían llamado Gonella y Orsi, que le enviarían reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Elaskar y Fariña. Y como se contradecían, el requerimiento debía limitarse a los ROS, sin mencionar a Báez.
Para el juez Martínez de Giorgi, que procesó a Gonella y a Orsi, esta conducta implicaba recortar los hechos de la investigación y un desvío que perjudicó el caso, porque no se pudieron tomar medidas sobre los Báez.
Con el cambio de Gobierno, Gonella renunció a la PROCELAC y fue reemplazado los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.
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