PARANÁ (U24 Entre Ríos). Marcelo Casaretto (foto), hoy titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), es sin dudas el primer funcionario del actual gobierno que sabe fehacientemente que su tarea se termina indefectiblemente el próximo 10/12.
A pesar de que él se jacta de haber llevado la recaudación tributaria de Entre Ríos a niveles importantes, no podrá evitar quedar afuera del nuevo gobierno si quien gana es el oficialismo. Tampoco lo logrará a pesar también de pretender erigirse como quien descubriera la enorme estafa que se realizara contra ese organismo y quien propiciara la investigación.
El karma de Casaretto será llevar sobre sus espaldas esa maniobra fraudulenta, realizada en sus propias narices durante meses, y que le costara al fisco una cifra cercana a los $70 millones, aunque ese monto podría multiplicarse varias veces más si es que se decidiera realmente investigar lo sucedido durante tantos años.
El caso ATER saltó a la luz no por que hubiese alguna investigación en marcha, sino por un hecho fortuito, que de no haber ocurrido, hoy seguiría todo igual. Una vez conocido lo que sucedía con las que se denominan “compensaciones”, desde el organismo se tomaron medidas orientadas buscar culpables entre funcionarios de menor rango, que son los cuatro que hoy, según Casaretto, han sido sumariados por la Fiscalía de Estado y serán exonerados.
Nunca se buscó otros implicados, a pesar de las evidencias que existían, entre funcionarios de mayores responsabilidades. Basta recordar que cuando saltó casualmente la maniobra, se descubrió que la empresa implicada tenía como contador nada menos que al Tesorero de la provincia, quien renunció, pero nunca fue investigado, como tampoco lo fueron funcionarios del ministerio de economía, del que salían las autorizaciones para el otorgamiento de las consabidas “compensaciones”.
Ahora Casaretto afirmó: “Se están tomando las denuncias indagatorias a los empleados, a los estudios profesionales, a los contribuyentes y se está en una etapa final. Hablé hace algunos días con el Procurador provincial (Javier García) y me decía que va a salir un procesamiento masivo a los 350 contribuyentes. Algunos compensaban o borraban deuda de forma trucha por $ 1 millón o $ 2 millones y se va a pedir pena de prisión efectiva para los empleados, los profesionales y para los empresarios con los montos más importantes”.
Muchos creen que el anuncio de Casaretto en realidad es un mensaje hacía los candidatos oficialistas que no le han dado señales de mantenerlo en ese lugar, o de darle alguna protección, si es que ellos son los sucesores del actual gobernador Sergio Urribarri.
Las desprolijidades de Casaretto en el caso de la causa ATER, a pesar de toda la “ayuda” que se le brindó y también en otros aspectos de su gestión, habrían tenido consecuencias en lo más alto del poder entrerriano, lo que motivó que el funcionario haya quedado en el mayor de los desiertos.
Hacer semejante anuncio a 25 días de las elecciones, con todo lo que ello involucra por el nivel de muchas de las empresas que según Casaretto estarían supuestamente implicadas en las maniobras que él no controló, es al menos temerario. Y un flaco favor hacía los candidatos del gobierno.
QUIEN DEBE SER INVESTIGADO ES CASARETTO
“El que sí tiene posibilidades de ser reprochado es el que preside la institución y ese es el señor Casaretto. Más vale que revise y atienda su posición antes de decir que nuestros clientes serán detenidos", reclamó el doctor Julio Federik, abogado de varios de los imputados por el titular de la ATER en diálogo con radio Oíd Mortales de Concordia.
"Me sorprendí porque son declaraciones muy desafortunadas", cuestionó el prestigioso letrado. "Según lo que yo sé hay varias personas que deben ser indagadas y el Juzgado tomará la resolución una vez que eso termine", aclaró, a la vez que sostuvo que "no es que le tomarán indagatoria y lo meterán preso. No sé quién es el penalista que lo asesora pero usted verá que hay profesionales que creen que saben de todas las áreas y Casaretto no sabe evidentemente", disparó.
"La jueza no impuso una restricción de libertad, siquiera para los funcionarios que negaron lo que es obvio que cometieron", mencionó e interpretó que las palabras de Casaretto persiguen "un propósito que no tiene que ver con los alcances de la causa judicial", a lo que agregó "Por supuesto que es una presión", respondió cuando se le preguntó si las declaraciones del funcionario son un avallasamiento para el Poder Judicial.
"La doctora Marina Barbagelata, jueza de Instrucción de Paraná, es infranqueable y hará lo que le parece", valoró igualmente. Recordó que en la "Causa ATER" se investiga "la estafa que en realidad se cometió a la provincia, pero antes a los contribuyentes que pagaron el 70% de la contribución a ese sistema trucho de compensaciones”; explicó también que "ninguno supo eso, porque de lo contrario no hubieran puesta el dinero. Cuando uno no sabe que comete un delito, no lo está cometiendo" y planteó que "los agentes de Rentas son los principales responsables de que esto se cometa. Y no fue por los contribuyentes sino por los vivos que se lo quedaron. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el dinero?".
Dijo, en esa línea argumentativa, que entonces "hay un responsable de por qué no existieron los controles de los funcionarios. El responsable del control, el último responsable, es el que está a cargo" sentenció y le apuntó a Casaretto que, según dijo el abogado, "terminó admitiendo que no hubo controles".
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