ALLANAN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR URRIBARRI

ENTRE RÍOS / HASTA LAS MANOS 

Sergio Urribarri durante la cuestionada Cumbre del Mercosur.

PARANÁ. La Justicia inició una investigación que pone al ex gobernador Sergio Urribarri en el ojo de la tormenta. El caso remite a la organización de lo que fue la Cumbre del Mercosur que se realizó en esta ciudad en diciembre de 2014 y que contó con la presencia de buena parte de los presidentes de la región. 


Según publicó la web Página Judicial, el fiscal Santiago Brugo dispuso un allanamiento en la Cámara de Diputados, que preside el mencionado Urribarri, y secuestró la rendición final de los gastos de la Cumbre.

La causa se inició a raíz de que información periodística revelara datos llamativos en el marco de la contratación de servicios. Para que se pudiera llevar adelante en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de $ 40,5 millones.

La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar $ 11.722.585.

Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por el Poder Ejecutivo provincial tras la sanción de la Ley Nº10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa.

De ese ente –que lo integraron funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras– también participó Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A y uno de los principales contratistas del Estado entrerriano.

En su presentación ante la Legislatura, el Poder Ejecutivo en manos de Urribarri reconoció pagos por $ 84,5 millones con motivo de la Cumbre de Mercosur. Así consta en las planillas que envió a la Cámara de Diputados.

La UOCM informó haber emitido 251 órdenes de pago, según publicó oportunamente el sitio web AccesoLibre.org/, que edita el periodista Oscar Londero. Otro dato que salió a la luz fue la contratación por $ 30 millones a la empresa de publicidad Nelly Entertainment SA, propiedad de Facundo De Vido, hijo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Sin embargo, la firma negó haber tenido una participación en lo que fue la Cumbre. Esa contratación no salió por resolución de la UOCM, sino por un decreto de la Gobernación con la firma, obviamente de Urribarri, y el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

Fuentes judiciales contaron que la documentación requisada es importante y el mismo expediente podría dar lugar otras causas. Brugo, el fiscal que inició esta pesquisa, es el mismo que lleva adelante la investigación sobre el patrimonio de la familia Urribarri, luego de que los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet impulsaran una denuncia.