BOUDOU / DI PRÓSPERO / DOMÍNGUEZ |
Amado Boudou fue generoso con Norberto Di Próspero en el Senado, el titular de la Asociación del Personal Legislativo que busca su reelección en las elecciones que se celebrarán este jueves 19/5.
Di Próspero se benefició de los miles de nombramientos que se hicieron en el Congreso y que le redundaron en afiliados para su sindicato. También había logrado de Boudou, antes de que éste dejara la presidencia del Senado, la cesión de un fondo multimillonario en concepto de "ayuda social" sobre el cual no tenía obligación de rendir cuentas sobre uso o destino.
Esa resolución fue firmada el 16 de julio de 2015, de manera conjunta por el titular de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Julián Domínguez por un total de $160 millones a repartir entre los tres sindicatos con representación en el parlamento: APL, UPCN y ATE.
La fecha de la firma no es casual tampoco, ocurrió un mes antes de las PASO, donde Di Próspero apoyó a Daniel Scioli. Pero cuando llegó Cambiemos al poder, Gabriela Michetti comenzó una auditoría en el Senado por los gastos escandalosos de la gestión Boudou.
Esa auditoría determinó que había 4900 empleados permanentes de los cuales más de 2000 Boudou pasó a planta permanente en su último año. Cerca de 300 tenían además trabajo en otras dependencias.
Y por último, estaba la resolución destinada a los gremios por la cual se les otorgaba los $ 160 millones anuales. Con la auditoría finalizada, Michetti se dispuso a corregir los descalabros de su antecesor. Comenzó con los despidos de los ‘ñoquis’.
En esa tarea no encontró resistencia de los gremios, especialmente llamó la atención el silencio de Di Próspero, cuyo sindicato es el de mayor afiliados.
Ya en Urgente24 tratamos el tema de los despidos y la justificación del titular de APL, pero ese silencio en el Senado podría comenzar a entenderse con algo que ocurrió el 22 de abril pasado.
En la auditoría que realizó Michetti estaba la resolución firmada por Boudou y Domínguez para otorgarle la "ayuda social" a los sindicatos por $160 millones anuales, el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben sus afiliados de manera “mensual y móvil”.
Esos fondos que recibían los gremios no tenían la obligación de rendirlos ni informar su destino. Las nuevas autoridades avanzaron contra la resolución 16/07/2015 pero finalmente consensuaron con los sindicatos la suspensión a partir del 31 de marzo.
Esto le permite a los tres gremios alzarse con unos $ 35 millones, de los cuales, por cantidad de afiliados, APL cobra unos $30 millones.
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