CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). En los últimos años las universidades públicas recibieron importantes aumentos de presupuesto público. Este esfuerzo no fue correspondido con más egresados universitarios ni con mejoras significativas en la calidad.
En lugar de jornadas de protestas, la comunidad universitaria debería impulsar la reflexión y la autocrítica para detener el derroche de fondos públicos y recuperar la calidad. Los estudiantes y los gremios docentes universitarios han realizado una importante movilización solicitando aumento de presupuesto para las universidades.
Sostienen que los salarios docentes están atrasados y que el presupuesto para el pago de servicios públicos no es suficiente debido a que la quita de subsidios se tradujo en aumento de las tarifas. Se engloba el reclamo en la consigna de la defensa de la universidad pública.
Argentina cuenta con 47 universidades públicas nacionales y 7 institutos universitarios públicos nacionales. La diferencia es que las primeras desarrollan diversas disciplinas mientras que los institutos se concentran sólo en algunas disciplinas específicas.
En total suman 54 instituciones universitarias financiadas por el Estado nacional donde asisten 1,5 millones de estudiantes. Con información del Ministerio de Educación, complementada con datos extraídos del Presupuesto Nacional, se pueden evaluar los resultados alcanzados por el sistema universitario.
En base a estas fuentes oficiales se observa que entre los años 2004 y 2015:
< La inversión pública anual en universidades nacionales, corregida por inflación, pasó de $14 mil a $50 mil millones a precios del 2015, es decir, aumentó un 260%.
< La cantidad de egresados universitarios por año pasó de 63 mil a 82 mil, o sea que se incrementó en un 30%.
< Esto implica que la inversión pública universitaria por egresado aumentó un 180% pasando de $220 mil a $611 mil, a precios del 2015.
Estos datos muestran que en la última década casi se triplicaron los recursos que aporta el Estado por cada profesional egresado. Este enorme esfuerzo de inversión no redundó en mejoras en la formación de los estudiantes sino en un masivo derroche de fondos públicos.
Aunque los recursos aumentaron considerablemente se mantuvieron muy altos los niveles de repitencia y deserción. Según información publicada por el Ministerio de Educación, el porcentaje de egresados respecto al total de estudiantes universitarios se mantuvo en la última década en alrededor del 5%.
La involución de la universidad pública está asociada a la mediocridad en la gestión. Se promete movilidad social con ingreso libre a la universidad, se multiplican los presupuestos, pero se administran muy mal los recursos humanos y físicos.
El resultado son aulas superpobladas, elevado ausentismo, prestigiosos titulares de cátedra que delegan el dictado de clases en ayudantes ad-honorem, relajamiento en el nivel científico, discrecionalidad en la asignación de cargos eludiendo concursos transparentes.
Para muchos alumnos estas condiciones son fuente de frustración y motivo de atrasos y deserción. Los que más sufren estas condiciones son quienes más necesitan del soporte estatal por tener apoyos familiares más débiles y una formación básica de menor calidad.
La defensa de la universidad pública no pasa por asignar más recursos sino por una mayor responsabilidad en el ejercicio de la autonomía universitaria. La Argentina fue pionera en contemplar la educación universitaria en base a la conducción autónoma.
Las autoridades elegidas democráticamente dentro de la comunidad universitaria administran los recursos sin interferencia de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Son ellas las que deberían asumir la responsabilidad por los mediocres resultados alcanzados debido a malas prácticas de gestión que en algunos casos ha llegado a motivar denuncias de corrupción.
Ante esta situación, espanta el facilismo con que se deja de lado la defensa de la autonomía para seguir exigiendo más recursos a la sociedad. Mejorar la educación pública es vital para el progreso social.
Pero es fácil demostrar que los mayores dividendos sociales se generan a través la educación básica. Los claustros universitarios, teóricamente conformados por las personas más preparadas de la sociedad, no deberían seguir ignorando esta realidad y, coherente con ello, en lugar de presionar por más presupuesto deberían promover un proceso de autocrítica y mejorar la gestión.
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