A veces pareciera que las autoridades, incluyendo a los legisladores, no contemplan las urgencias de la sociedad. En este caso, hay que correr antes de que ocurran nuevos accidentes, en especial cuando narcotraficantes andan sueltos, igual que burócratas corruptos.
Ya pasaron 5 meses y quienes defienden las fiestas electrónicas (casi los mismos que dicen "una pastillita, no pasa nada"o "hay que dejar que los chicos hagan su experiencia de vida". Imbéciles) parecieran definir los tiempos de la política.
En concreto, el proyecto original de Larreta, presentado a días de las muertes en Costa Salguero, buscaba garantizar que las fiestas electrónicas sean al aire libre, que los que asistan tengan acceso a hidratación adecuada y gratis, asistencia médica y garantizar personal de seguridad que reciba denuncias en el interior del evento, entre otras cuestiones.
Sin embargo, a más de cinco meses de la tragedia, la iniciativa recién comenzó a ayer 14/09 a tratarse en la Legislatura porteña, en un plenario de las comisiones de Salud, Seguridad y Desarrollo Económico.
Los bloques opositores y el propio oficialismo plasmaron modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo, que estaría en condiciones de ser aprobado en dos semanas.
Entre los puntos que modificaron, se destaca la creación de un Registro Público de Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo criticado por la poca claridad que demostró en los controles de la rave.
En este registro deberán constar cuestiones de seguridad respecto a instalaciones y/o estructuras fijas y/o transitorias que exija la reglamentación.
En cuanto al plan de acción para fiestas electrónicas, establece que quien se encargue de la seguridad deberá garantizar, previamente, que la dimensión y categoría del operativo resulte acorde con la naturaleza del evento, y en cuanto al acceso al agua potable, será gratuita y los sanitarios no serán contemplados a estos fines.
Además, los eventos a regular serán donde se produzca una concentración mayor a 150 asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados.
Respecto a las sanciones, quien omita recaudos durante este tipo de eventos, tendrá una multa de $100.000, 60 días de arresto o clausura del lugar.
La causa Time Warp tiene a varios detenidos, entre funcionarios porteños y organizadores de la fiesta. La Fiscalía pidió la elevación a juicio oral de Víctor Stinfale, Adrián Conci, Maximiliano Ávila, Carlos Garat y Carlos Penise, que figuran en la lista como coautores.
Por su parte, Martín Gontad deberá responder como partícipe necesario. También pidieron juicio oral para los tres dealers.
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