PARANÁ. “A partir de las seis de la tarde los inspectores de tránsito se transforman en profesores de historia. Solo te hablan de Roca y Sarmiento”, le cuenta un taxista a este cronista para graficar parte de lo que sucede en las calles de la ciudad con respecto al transporte de pasajeros de remises.
Pero los inspectores del tránsito no serían los únicos. Hay otros, que por los montos que se comentan, pareciera que hubiesen hecho un “doctorado” de historia ya que ellos hablan de George Washington y otros próceres foráneos.
Más allá de las ironías, la situación resulta muy llamativa y agrega un problema más a la ya de por sí complicada gestión del intendente radical de Paraná, Sergio Varisco, quien llegó al municipio con un fuerte apoyo electoral que vislumbraba un cambio importante en el ámbito municipal.
Uno de esos cambios que se esperaban es el relacionado con la enorme corrupción instalada en el municipio paranaense desde hace años y fundamentalmente durante los últimos tres gobiernos peronistas que debieron padecer los paranaenses.
En el área de Tránsito y Transporte con los taxis y remises, Varisco designó a un personaje, de apellido Amaya, sin ningún tipo de preparación para ese lugar, más que la de haber sido parte de una familia de transportistas.
Claro que no es lo mismo conducir un camión (si alguna vez lo hizo), que manejar un área tan complicada como la que se le asignó. De las dificultades que Amaya ocasionó en el tránsito de la ciudad nos ocuparemos en otro momento. Ahora nos enfocaremos solo en la situación del transporte público, y de este solo de taxis y remises.
El servicio de taxis de la ciudad está reglamentado mediante ordenanza N° 7384 que ya tiene varios años y para poder tener un vehículo afectado a esa actividad se deben cumplir una importante cantidad de requisitos, que son los que permiten obtener la habilitación y licencia como taxímetro.
Los propietarios de taxis además tienen una Cámara que los agrupa que cuenta con la respectiva personería jurídica. Por su parte el servicio de remises está reglamentado por ordenanza N° 7635, que originariamente establecía que el mismo era un servicio diferenciado al que quien quisiera acceder debía hacerlo llamando a un lugar determinado desde donde se enviaría el vehículo para hacer el viaje para el que se lo contrató y regresar a su base de origen.
Sin embargo en el año 2009, necesidades electorales, hicieron que el intendente municipal de entonces, dictara la Resolución N°66/09, que permitió a partir de ese momento que los remises llevaran como identificación una oblea que se colocaría en sus laterales, que demostraba estar habilitado. Eso fue aprovechado por “las empresas” propietarias de los remises para identificarse cada una de ellas en los autos.
La mencionada Resolución habilitó además que los remises podían levantar pasajeros en cualquier lugar. Desde allí todo se desmadró. A ciencia cierta hoy nadie sabe en Paraná cuantos remises hay habilitados y mucho menos cuantos trabajan sin habilitación en horas de la noche; cuando empiezan a funcionar los “profesores de historia”, del inicio de esta nota.
Las “empresas” de remises, cuando mucho (uno o dos casos), son cooperativas, en tanto que el resto son verdaderas empresas fantasmas que nadie controla. Esas empresas que son “habilitadas” por la municipalidad cobran un canon, que va desde $ 180 a $ 400 por día a quien quiere poner su auto a trabajar en la “empresa” o “cooperativa”.
En algunos casos, los más organizados, alquilan sus propios vehículos, pero en ese caso el canon diario llega a los $ 800 por día. De acuerdo a algunos datos se calcula que en Paraná coexisten entre “habilitados” y “truchos”, unos 1.200/1.500 remises, con lo que se puede calcular lo que se embolsan las “empresas” o “cooperativas”, que no pagan un solo peso de impuestos de ninguna naturaleza. En total se estima en algo más de $80 millones al año los que se quedarían en manos de los “empresarios” de los remises.
El tema no solo involucra a las áreas de Transporte de la Municipalidad, sino también a entes recaudadores provinciales como la ATER, y nacionales, AFIP, que mirarían para otro lado. Amaya, el 24/08 pasado firmó un acta ante el reclamo de los taxistas por el que se comprometió a llevar adelante varias cuestiones relacionadas con el tema, pero hasta la fecha no cumplió con ninguna.
Los taxistas sospechan que el funcionario firmó esa acta apurado porque ese día ellos habían amenazado con cortar toda la ciudad para ser escuchados, y justo visitaba la ciudad la esposa del presidente Mauricio Macri, Juliana Awada. Hubiese sido un enorme bochorno mostrar semejante lío en las calles paranaenses.
Por lo bajo los taxistas sostienen que además Amaya tiene 80 millones de razones más para explicar su “ineficacia” y no tomar cartas en el asunto. También se comenta que una de esas “empresas” que figura como “cooperativa”, sería aportante a la campaña electoral del actual intendente, vía un concejal de extrema confianza del alcalde.
Desde la Cámara que los agrupa y por iniciativa de quien la preside, se elevó un proyecto al Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante, para atender el tema y que atiende la situación de todos los remiseros que hoy son usurpados por las “empresas” para poder trabajar. Es decir los taxistas no se oponen a que sigan trabajando, simplemente intentan que lo hagan en igualdad de condiciones.
Por otro lado el concejal Pablo Hernández (Cambiemos), también ha presentado un proyecto en el mismo sentido. La situación es compleja, y dado la cantidad de intereses cruzados que existen, no cabe duda que los más de 80 millones recaudados en negro, juegan un papel más que importante.
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