El empresario Néstor Otero, muy amigo del poder, está cada vez más complicado. Se trata de quien ganó las licitaciones de las terminales de Retiro, Rosario y Mar del Plata gracias a los K, pero puede renovar la licencia de la que está en plena villa 31 gracias a Guillermo Dietrich (Transporte) y se quedó con la Terminal del Sur por orden del ahora presidente Mauricio Macri, entonces jefe del Gobierno de la Ciudad.
Dueño de Terminal de Buenos Aires (TEBA S.A) Otero quedó "pegado" a la Corrupción K luego de que se comprobara que le pagaba -a través de dicha empresa- -el alquiler del departamento donde Jaime vivía mientras controlaba la concesión.
Además, la justicia federal comprobó que Otero le "regaló" a Jaime un hotel en Carlos Paz, una camioneta y una casa en un barrio cerrado de San Isidro, tal como recuerda el periodista Omar Lavieri.
Ahora, el pasado miércoles (14/09) el fiscal federal Franco Picardi abrió otro frente de investigación: determinar si el empresario cometió delito cuando utilizó en agosto de 2014 una cuenta bancaria personal en el Banco Sáenz para realizar 39 trasferencias por $7.480.000 a cuentas correspondientes al grupo integrado por TEBA y otras sociedades.
Se trata una causa a partir de otra que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que pidió a su vez información al Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) por reportes de operaciones sospechosas (ROS) del Grupo Otero.
Según Lavieri, "Otero depositó en su cuenta personal cheques por los que otras empresas le realizaron pagos a TEBA. Y desde la cuenta de Otero se hicieron transferencias para el pago de sueldos de otras firmas que integran el grupo empresarial cuyo centro es TEBA.
Para la época-según se desprende del escrito del fiscal- la cuenta de TEBA estaba embargada debido a un reclamo judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por deudas del pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
Un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario había ordenado un embargo de $18.000.000 por la deuda de TEBA. Luego la empresa acordó un plan de pagos con la Ciudad. Como la cuenta de TEBA estaba embargada, Otero usaba la propia para mantener el giro comercial de su compañía".
En este sentido, Picardi explicó: "Ahora bien, los argumentos y elementos glosados, han permitido a la entidad reguladora-el BCRA- concluir que el Banco Sáenz habría incumplido con diversa normativa en materia de Prevención de maniobras de Lavado de Activos con relación a la operatoria constatada con Otero, en cuanto habría permitido que este último canalizara a través de su cuenta corriente particular en la entidad, aquellos fondos correspondientes a la operatoria comercial que era ajena a su actividad y propia de personas jurídicas de las cuales –en la mayoría de los casos- era accionista y presidente".
Y agregó: " (…) lo cierto es que los movimientos operados en la cuenta de Otero, por su calidad y cuantía, le han permitido suponer al BCRA que el Banco Sáenz SA conocía la manera de operar de Otero con fondos de titularidad de TEBA S.A. o de otras firmas del grupo y no obstante ello, no realizó observación alguna al respecto".
Además de intentar determinar el funcionamiento de la empresa en la que también participaban sus hijos Diego y Luciano, Picardi quiere certificar todas las causas penales que tenga tanto Otero como el resto de los involucrados en la maniobra, con el objetivo de encontrar las coimas pagadas a Jaime.
Otero logró una 'probation', pero si se confirman estos delitos y se unifican las causas, quedaría al borde de una sentencia que lo pondrá tras las rejas.
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