A fines de junio pasado, se conoció que en el primer cuatrimestre del año aumentó 11% el flujo migratorio hacia Paraguay, según datos oficiales. Se estimaba que los misioneros dejaban cada mes unos 7 millones de dólares en los comercios de los países vecinos.
Por entonces, el gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, medidas para intentar frenar el éxodo de consumidores. El motivo principal era el precio de los combustibles, por eso se pidió una disminución del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que haría bajar el precio de las naftas casi $ 5, además las autoridades pidieron exenciones impositivas y reactivar el tren para disminuir los gastos en logística.
Al flujo migratorio se sumó además que muchos paraguayos dejaron de venir. Ya en junio, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, mantuvo gestiones ante el Gobierno nacional para intentar revertir la situación.
“Al equipo del ministro del Interior le aportamos información muy concreta de cuánto dinero se va por mes por la frontera. No se trata solamente del tema de combustible, la gente cruza del otro lado y de paso gasta en el supermercado, en las tiendas”, agregó.
La semana pasada, Safrán reveló que, desde el mes de mayo, "los misioneros gastaron más de $ 600 millones mensuales en distintos comercios de ciudades limítrofes como Encarnación (Paraguay), Porto Xavier, Santo Antonio o Barracao (Brasil)".
El cálculo se basa en el saldo promedio de las cuentas sueldo bancarias y de la recaudación de tributos provinciales como indicador de la actividad económica.
"No olvidemos que la masa salarial del sector público provincial hoy representa cerca de $ 1.300 millones, y con estos cálculos estamos en condiciones de afirmar que más de la mitad se fuga a los comercios de Brasil y Paraguay, con el consecuente impacto negativo que ello significa en la recaudación local", según explicó el funcionario.
El flujo comercial fronterizo con Brasil y Paraguay siempre ha sido una característica distintiva para la provincia de Misiones, y durante muchos años con un tipo de cambio favorable brasileños y paraguayos recorrían las ciudades misioneras buscando nuestros productos, recordó la agencia estatal Télam.
Para el contador Safrán, en los últimos años se fue revirtiendo esta situación "y con la salida del cepo cambiario, y a pesar de la brusca depreciación del dólar, esta medida no ayudó a mejorar la relación de precios domésticos con los de Brasil y Paraguay, dado que el dólar quedó establecido a valores inferiores a los que se comercializaba en el mercado del 'dólar blue', que era el precio de referencia a diciembre de 2015".
El otro problema que preocupa a las autoridades misioneras es el contrabando, "que, en escala, es preocupante, dado que las diferencias de precios en la mayoría de los productos (incluyendo electrodomésticos y textiles), incentivan a muchos a tomar riesgos y exponerse a incurrir en delitos económicos, que los controles aduaneros no pueden o no quieren evitar", advirtió el funcionario.
"Hasta ahora estamos hablando solamente del impacto negativo de las asimetrías en la economía local, pero también la Nación deja de recaudar impuestos nacionales y, para graficar, la situación sólo basta deducir el 21% del IVA de esos $ 600 millones mensuales y nos arroja otros $ 120 millones que la Nación deja de percibir y por lo tanto de coparticiparnos", aclaró.
Safrán advirtió además que, de persistir esta diferencia de precios, los efectos podrían ser más catastróficos que los acontecidos hace 20 años, "cuando en plena convertibilidad del peso, con una moneda local sobrevaluada, las localidades fronterizas de Misiones, como Posadas, Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, San Pedro y San Javier, entre otras, se transformaron en verdaderas ciudades fantasmas".
Además, dijo que "la gama y calidad de los servicios que se brindan en las ciudades paraguayas y brasileñas son mucho mejores a las que disponían en aquella época y hoy florecen restaurantes, shoppings, paseos, hoteles, casinos y similares, que antes no ofrecían".
Ante esta situación y el impacto negativo en los niveles de ingreso y en la generación de empleo, en el mes de marzo el gobernador Passalacqua estableció un régimen de subsidios por un plazo de siete meses a la tarifa de electricidad para el comercio y la industria.
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