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| Foto: Archivo |
Procesado por extorsión y entorpecimiento de vías navegables, e imputado por asociación ilícita y defraudación, Omar Suárez, "Caballo" en la jerga sindical, es investigado por presuntas irregularidades con fondos del gremio a través de sociedades vinculadas a él y su entorno familiar.
El juez Rodolfo Canicoba Corral puso la lupa sobre el rol de Mariela Amalia Suárez Peña y de María del Carmen Cabrera Peña, hija e hijastra del gremialista, pero decidió que Suárez no puede seguir en libertad, y elevará a juicio la causa.
Procesado por la obstrucción de vías navegables y por extorsión a empresarios navieros, investigado por administración fraudulenta en el sindicato e imputado como presunto jefe de asociación ilícita, Suárez recibió en las últimas semanas más pruebas en su contra.
La orden de prisión se esperaba desde el día 04/09, y se supone que Canicoba Corral estuvo acumulando más pruebas durante estos días.
Canicoba Corral considera que Suárez fue el jefe de una supuesta asociación ilícita y cometió administración fraudulenta en perjuicio del gremio. El procesamiento incluye la prisión preventiva del sindicalista.
En las últimas semanas, la intervención del sindicato, a cargo de la diputada Gladys González -designada personalmente por el Presidente-, presentó ante Canicoba Corral nueva documentación vinculada a movimientos de dinero entre San Jorge Marítima S.A. y todo el holding de empresas relacionadas como Patagonia Rural SRL, Elite Viajes y Mercantes S.A.
San Jorge Marítima la encabezaba en los papeles Juan Manuel Medina, ex tesorero del gremio -del riñón de Suárez-, secundado por el propio gremialista. La documentación aportada -en la que también pidieron allanamientos en varios inmuebles vinculados al ex mandamás sindical y sus familiares y allegados- infiere que se montó un grupo de firmas destinadas a sacar dinero del sindicato a través de San Jorge, y que esa jugada escondería maniobras de lavado de activos.
Este medio había adelantado en julio que la interventora había empezado a indagar en esos sospechosos movimientos financieros.
A mediados de julio, en un duro revés al sindicalista, la Sala I de la Cámara Federal porteña había avalado la intervención del SOMU por parte del juez.
En una resolución dirigida a González, el magistrado dio un plazo de 180 días para finalizar la intervención, lo que abre la puerta a un proceso electoral que desembocará en una nueva conducción sindical al frente del gremio.
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