El juez de Garantías y Transición de Nogoyá, Gustavo Acosta, decidió el "inmediato apartamiento" de Toledo, de 63 años, como había pedido el fiscal Federico Uriburu, a cargo de la causa.
La religiosa se presentó ayer junto a sus abogados defensores, los paranaenses Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, y Nicolás Mayoraz, especialista en derecho constitucional, ligado a sectores de la Iglesia y ex candidato a concejal de la ciudad de Rosario por el partido Pro Vida.
Los letrados expusieron ante Uriburu el pedido que realizaron en Paraná para separar a la justicia entrerriana del caso y que lo tome el juez federal Leandro Ríos, quien decidirá si acepta o no la causa, señalaron fuentes de la fiscalía.
Por lo pronto, el juez Acosta hizo lugar al planteo del fiscal y decidió el "inmediato apartamiento de la madre superiora del convento de Nogoyá", por lo que el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puíggari, y la Nunciatura Apostólica Argentina deberán asignarle una nueva función.
La orden del magistrado también establece que Toledo "no podrá ser enviada como destino alternativo al convento de Concordia" y prohíbe "todo contacto" con las internas actuales del convento de Nogoyá, los familiares y ex religiosas del lugar.
Para el abogado Cullen, lo ocurrido durante el allanamiento al convento "no tiene antecedentes en el mundo: entrar con un grupo comando de policía, rompiendo la puerta, en una sobreactuación desmedida que se mete con una de las formas que tiene la Iglesia de llevar adelante su culto y su credo, con desconocimiento de lo que implica un monasterio de clausura".
Por su parte, Uriburu destacó que el traslado de la superiora "ayudará a la investigación judicial y permitirá que las Carmelitas Descalzas del lugar como las religiosas que la secundan puedan expresarse con libertad e independencia".
"No se están investigando ni cuestionando cosas de fe sino que vamos a hechos concretos que iniciaron la investigación de oficio, lo que fue luego fue ratificado por dos personas con su denuncia que pidieron la intervención del Estado", dijo el fiscal en relación a dos ex monjas que declararon en la causa.
Toledo, que ingresó en 1991 al convento que dirigió durante una década como la madre superiora "María Luisa", fue acusada por las ex Carmelitas, que estuvieron entre 10 y 25 años en ese convento, detallaron "la forma de vida dentro" en los claustros y "ciertas actitudes de superiores", además de confirmar el uso de cilicios, mordazas y látigos, que luego incautó la justicia en el allanamiento del 24 de agosto último.
La decisión de imputar a la superiora religiosa la tomó Uriburu junto a la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, y al fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, tras analizar los elementos secuestrados y "todas las pruebas y declaraciones tomadas", entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.
El sacerdote declaró que una de las ex carmelitas apareció en su iglesia a pedir ayuda, luego de escapar del convento gracias "al jardinero, que destrabó la puerta del patio para que pueda salir a la calle".
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