"Lo tenemos que ver como una prueba y como una demostración de solidaridad. La Argentina es uno de los lugares donde hay comunidades sirias más numerosas. Es más: yo estoy casado con una sirio-libanesa", fueron las palabras del presidente Mauricio Macri en julio/2016 al anunciar el plan para recibir a 3.000 refugiados sirios.
A partir de ese momento, la pregunta fue: ¿Dónde vivirían? Y allí comenzaron los intendentes del Conurbano a poner bajo la lupa la iniciativa, ya que "se la veían venir".
Automáticamente, muchos de ellos comenzaron a realizar encuestas y "tantear" a los vecinos en recorridas y encuentros su punto de vista, pero el "No" ganó de manera contundente.
Uno de los grandes temores es que células del ISIS se filtren y comiencen los atentados en el país. Pero a los intendentes no sólo les preocupa la situación que se vive en el mundo en cuanto al terrorismo, sino también la situación habitacional que se vive: "Primero queremos resolver el problema de nuestros vecinos", asegura la gran mayoría de secretarios de gestión municipal.
Por otro lado, hay ciertas organizaciones e instituciones que están un tanto molestas con el gesto de la Rosada porque entienden que se trató simplemente de una estrategia política que abarca la Cancillería de Susana Malcorra, quien aspira a ocupar el sillón de Ban-ki Moon en la ONU.
Además, entienden, fue un gesto político al presidente chino, Xi Jinping, a su par estadounidense Barack Obama y al francés François Hollande. Ahora, es interesante la mirada del argentino promedio, porque según Amnistía Internacional el 86% cree que los refugiados deberían ser aceptadas en otros países, pero casi la mitad ve con buenos ojos que ingresen al país. Luego, cuando se les pregunta si los tendría en su casa, sólo el 6% dijo "sí", apenas un 16% no tendría problemas de que estén en el barrio y un 12% en su ciudad.
En tanto, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aseguran que no hay nada concreto y mucho menos los fondos destinados para esta misión. Actualmente, sólo se limita a dar asistencia técnica y fondos a la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) para un número muy reducido de refugiados.
“Hubo un proceso de diálogo entre el Estado, universidades y organizaciones sociales; un grupo de profesionales participamos en ese proceso, revisamos borradores y elaboramos propuestas, pero luego se trabó dentro del Ejecutivo”, explica Pablo Ceriani, el experto argentino que trabaja en el comité de la ONU para la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes.
“Uno de los temas pendientes en Argentina en el caso de los refugiados es un plan de integración: una cosa es tener un ley abierta, para que las personas que escapan de sus países puedan obtener un documento, puedan ingresar y no se los detenga, pero con eso no alcanza: se debe tener un plan integral de integración que incluya acceso a derechos; hay cuestiones habitacionales, el tema del idioma, de salud, de educación.
¿Cuál es la agenda? Debería ser más difundida, con cierto detalle. No creo que nada de eso esté pasando. ¿Cuál es el plan? ¿La experiencia europea de centros de refugiados que parecen cárceles o los de integración como algunos casos en Suecia y Alemania?”, se pregunta Ceriani.
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