(U24) - El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade amplió este miércoles (11/04) su denuncia contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por su participación en sociedades offshore no declaradas en la Argentina.
También denunció al secretario de Finanzas, Santiago Bausili, por haber cobrado bonos del Deutsche Bank -entidad para la que trabajó- mientras ejercía la función pública. Entre otros delitos, Tailhade le imputa a Bausili los de cohecho pasivo, tráfico de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y uso de información privilegiada. La denuncia recayó en el juzgado de Claudio Bonadio e investigará la fiscal Alejandra Mangano.
Tailhade además amplió, junto con los diputados nacionales Martín Doñate y Darío Martínez, su denuncia contra el ministro Caputo, por su participación en sociedades offshore no declaradas en la Argentina.
Entre la nueva documentación aportada por el legislador se encuentran la versión taquigráfica de su presentación ante la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, y los papeles de la fundación “Cruzada Argentina”en los que el funcionario es presentado en 2010 como “socio de Noctua Partners”.
Cruzada Argentina es una fundación creada en el año 2002, de la cual Caputo es cofundador. En 2010 la fundación presentó un documento ante Help Argentina donde consignó que la “ocupación actual” del hoy ministro de Finanzas es “socio de Noctua Partners”.
Según publica Semanario Parlamentario, en la presentación, Tailhade también refiere a las “disímiles, confusas y contradictorias explicaciones que el ministro brindó en el Congreso respecto de su relación con Noctua Partners”, y contrasta los dichos de Caputo con su declaración ante la SEC (la comisión Nacional de Valores estadounidense), donde no dijo que era tenedor fiduciario sino accionista y jefe de inversiones.
Asimismo, el diputado puso en conocimiento de la Justicia una publicación de la Agencia Reuters de 2016, mucho tiempo antes que tomara estado público esta situación, donde se presenta a Luis Caputo como "cofundador de Noctua" junto a Martin Guyot; y una nota de 2015 firmada por el editor de Economía del diario Clarín, Ezequiel Burgo, donde informa que “Caputo dirige hoy la sociedad gerente Axis y el hedge fund Noctua Partners”.
Además, incorporó la información dada a conocer por el periodista Alejandro Bercovich, quien accedió a un documento de la SEC que detalla que Noctua administra 486 millones de dólares de 19 megamillonarios y de otros tres fondos, que el 80% de sus clientes son “no estadounidenses”, y que el 48% de su cartera está en “bonos soberanos”.
Allí, la offshore declara al fondo Axis como “vinculado”, y especifica que ambos están bajo "control societario común”. Noctua menciona como “manager” al financista Fernando Iribarne, uno de los socios fundadores de Axis y accionista de ese fondo hasta hoy.
Tailhade también denunció la información hecha pública por el periodista Marcelo Bonelli sobre “la promesa hecha por la funcionaria Laura Alonso al propio presidente de la Nación para cerrar la ‘investigación’ que lleva adelante” la Oficina Anticorrupción.
“Es necesario poner en vuestro conocimiento que para el suscripto esta metodología no resulta novedosa. He denunciado en diferentes expedientes el modus operandi de esta dependencia, la que básicamente se maneja como la Oficina de Encubrimiento, utilizando recursos humanos y económicos del Estado Nacional a fin de procurarles impunidad a los funcionarios de su partido”, remarca el legislador. Los delitos que le imputa a Caputo son la ya denunciada omisión maliciosa (art. 268 del Código Penal), “como así también la finalidad de la omisión como medio para la concreción de otros ilícitos, como lo demuestra –por ejemplo- la suscripción del Bono a 100 años por parte de Noctua (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del CP), tráfico de influencias (art. 256 bis), delito de uso de información privilegiada (art. 307), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 del Código Penal) y lavado de activos (art. 303 del Código Penal)”. La investigación está delegada en el fiscal Carlos Rívolo.
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