La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, presentarán este miércoles la Reforma Integral del Sistema de Justicia, que impulsa el Poder Ejecutivo bonaerense e incluye la modificación de los códigos de Procedimiento Penal; Civil y Comercial, y Laboral, para otorgar mayor celeridad a los procesos judiciales.
Una fuente del gobierno bonaerense explicó a la agencia Télam que la reforma que se anunciará este miércoles surge de un relevamiento que detectó que "la gente no confía" en la Justicia, por lo que se buscará darle mayores atribuciones al ciudadano, considerado el "actor más débil del sistema".
El vocero precisó que la Reforma Integral del Sistema de Justicia "está orientada, por un lado, a despolitizar y transparentar el sistema y, por el otro, a hacer más accesible la justicia y poner a la víctima en el centro de los procesos".
Según un informe elaborado por la cartera de Justicia, el funcionamiento del Poder Judicial "evidencia situaciones difíciles de explicar, como que en un mismo Departamento Judicial hay juzgados con 70 causas al año, y otro con más de 2.800".
También se detectaron grandes diferencias en las duraciones promedio de las causas: en algunas ocasiones una adopción puede durar un promedio de 433 días, y en otras, 157; un proceso laboral, 1.126 días en un caso, y 428, en otro.
La fuente explicó que para el gobierno bonaerense "el mal funcionamiento de la Justicia también es responsabilidad de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo", y por eso se propondrán las reformas.
El plan incluirá también un proyecto de Ley de Enjuiciamiento de Magistrados que permita acortar los plazos del juicio, apartar rápidamente a quienes no estén cumpliendo correctamente sus funciones, y también evitar que los procesos sean utilizados como una herramienta de presión política a los jueces y fiscales, iniciativa que ya fue girada a Diputados.
Además, contempla una modificación en la selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, que deberán concurrir primero a la Escuela Judicial, que será obligatoria y tendrá una duración de entre un año y medio y dos años.
En materia de reforma penal se buscará que las víctimas de delitos puedan conocer y participar en las decisiones que tome el juez durante todo el proceso, fundamentalmente cuando se otorguen en un juicio abreviado beneficios como salidas transitorias o la libertad condicional.
También, la reforma buscará reducir la cantidad de recursos que puede usar un delincuente para no ser encarcelado y de este modo reducir los tiempos de los juicios, ya que, actualmente, un abusador de menores puede, por ejemplo, pasar 11 años en libertad recurriendo a mecanismos procesales, pese a ser condenado.
En cuanto al procedimiento Civil y Comercial la idea es adaptarlo al nuevo Código de fondo que rige en esa materia, e incorporar un mecanismo de juicio más oral que escrito para que se acorten los plazos de las causas y haya más contacto entre el vecino y el juez.
El gobierno tiene previsto también generar un mapa judicial interactivo que le permitirá a la gente saber cuántas causas tiene cada juzgado y cuántas resuelve, debido a disparidad de tiempos que existen hoy entre los distintos órganos jurisdiccionales.
Además, incluirá la redacción de una nueva ley de procedimiento laboral, por lo que propondrán que cada causa será atendida por un juez, en vez de tribunales de tres jueces, lo que acortará los tiempos de resolución.
La reforma pretende también implementar un Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que es una instancia administrativa previa al juicio, fundamentalmente para resolver rápidamente los casos menores.
La fuente explicó también que en una segunda etapa se avanzará en lo contravencional para actualizar el Código de faltas y crear nuevas figuras y sanciones, como la probation, la prohibición de concurrir a determinados lugares, el trabajo comunitario y la reparación del daño. (MDZ)
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