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| Eugenio Bruno se alejó de la Subsecretaría de Asuntos Legales y Regulatorios |
(U24) - El voucher que en abril de 2016 le extendió NML Capital, de Paul E. Singer, al gobierno de Mauricio Macri, a cambio de cobrar poco más de US$ 2.426 millones de bonos de la deuda argentina declarados en default, fue el aval que necesitaba el entonces secretario de Finanzas, luego ministro y ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo, para salir a colocar deuda en el espinel de la comunidad financiera internacional.
Se trató en realidad de un acuerdo por fuera de las sentencias acumuladas en la justicia neoyorkina ante las demandas presentadas por NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, especializados en deudores incobrables, y de bonistas minoristas, incluidos los acreedores italianos representados por Nicola Stock.
En total, Argentina transfirió US$ 9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados, primero con los 3 fondos y luego extendidos al resto de los grupos de inversores que reclamaban por los bonos impagos, una vez que el Congreso aprobó levantar la ley cerrojo que blindaba los anteriores canjes de 2005 y 2010 encarados por el kirchnerismo.
Los implacables bufetes de abogados del líder de la ofensiva judicial contra la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, Singer, habían obtenido su primer logro el 29 de febrero de 2012, cuando el juez Thomas Griesa falló a favor de la demanda y obligó al Estado argentino a pagar en su totalidad los títulos que se dejaron de abonar en 2001.
La apelación mandó la causa a la instancia superior. Por ese entonces, asomaba como un actor influyente en las negociaciones que se sucedían a puertas cerradas en oficinas del área de Wall Street, en Manhattan, un letrado recibido en la UBA, con maestría en Derecho de la Universidad de Pensylvania, en representación del estudio Garrido Abogados tras su paso por Allende Brea, Eugenio Bruno.
Se movía cerca del excéntrico fundador de Elliot Management, el fondo dueño de NML Capital, a punto tal que en 2014 estuvieron a punto de convencer al equipo económico de Cristina Fernández de Kirchner de que aceptara un canje en bonos y pesos para que se levantara la cautelar por US$ 1.700 millones junto a la sentencia del pari passu, habilitando al resto de los acreedores que aceptaran la propuesta a arreglar en las mismas condiciones.
Salvo en la parte del canje, este formato de negociación rechazado a la postre por el kirchnerismo se replicó con Mauricio Macri en la Casa Rosada, con las mismas caras que lo intermediaron, como la de Bruno como operador y de Alfonso Prat Gay (desde que era diputado opositor) como padrino político de esa matriz de entendimiento.
Como ministro de Finanzas, Caputo informó al Congreso que entre 2015 y 2017 “la deuda bruta subió aproximadamente en US$ 80.000 millones y la neta se fue a US$ 64.000 millones". Al cerrar la disertación, aseguró que en 2017 la deuda ascendió a US$ 320.934 millones.
En enero todo cambió, ya que cuando salió al exterior a buscar unos US$ 20.0 00 millones para cubrir una parte del plan financiero de US$30.000 para ejecutar el ejercicio fiscal 2018 y llevaba conseguidos 9 millones, sucedió lo que muchos conocedores de la comunidad financiera venían previniendo: el endurecimiento de los prestamistas que prácticamente puso un punto final al sobre endeudamiento argentino.
El financiamiento restante del déficit fiscal y cuasifiscal quedó a merced de un escuálido mercado interno de capitales, muy sesgado a la tenencia de Lebacs por parte de los bancos, principalmente, y con muchos de cuyos protagonistas en situación de fugar divisas o dolarizar las carteras.
El director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires, A riel Coremberg, ensaya una interpretación macroeconómica de la migración de capitales volátiles que se sucedió desde entonces: "Como no se puede ajustar el déficit subiendo impuestos o bajando el gasto, el ajuste lo hace el mercado, de una manera negativa: licua la deuda pública subiendo el tipo de cambio".
Fue el broche del ciclo de reendeudamiento externo que se inició con la reinserción a los mercados a partir del pago acordado, que no incluía sentencias y dejaría destapado un foco multiplicador de demandas pari passu, cuyos montos son ínfimos comparados con los cancelados en los canjes y el mega acuerdo con los fondos buitres.
ACUERDO A PUERTAS CERRADAS
La Administración Macri ya había iniciado los contactos conel hombre pu esto como mediador por el juez Griesa, Daniel Pollack, antes de asumir la Presidencia. El secretario de Finanzas Luis Caputo viajó dos veces a Nueva York para comenzar las tratativas y comunicar oficialmente que las negociaciones con los holdouts se reanudarían, claro que donde las había dejado Bruno.
Tras el segundo encuentro, el special master había calificado la reunión mantenida la semana anterior con el secretario como “constructiva” y había confiado en que en enero podrían iniciarse negociaciones “sustanciales” con los bonistas La oferta, que no contemplaba el cumplimiento de sentencias sino el pago de reclamos con o sin sentencia y con o sin juicios, venía siendo armada y preparada desde 2013 en la actividad privada, con Bruno como negociador ad hoc en nombre de Prat Gay, quien presidía la comisión legislativa que se ocupaba del tema.
Logró juntar los grupos de grandes tenedores de bonos mediante convocatorias basadas en promesas de un mejor pago que la ley vigente en ese entonces. Los arquitectos de este entendimiento que, como tales, manejaron la información de valores junto con los fondos buitres que se habían acercado a negociar, luego fueron nombrados en el Ministerio en cargos sensibles y vinculantes, como fue el caso de Eugenio Bruno, que en la gestión macrista ocupó hasta la semana pasada la Subsecretaría de Asuntos Legales y Regulatorios de la cartera de Finanzas.
Los fondos que habían estado tratando en forma pr ivada con esos funcionarios, por su parte, tuvieron tiempo de prepararse y también recibieron un premio, por los suculentos honorarios que les reconoció el Estado.
La trama secreta, saber qué hablaron esas personas cuándo y con quién, no resistiría una investigación seria de la oficina Anticorrupción o de la justicia. Además, dejaría margen para determinar si ellos o sus familiares se enriquecieron en esa época sin justificación, de todo lo cual los Panamá Papers u otros affaires filtrados podrían ser fuentes de suministro de data.
Asimismo, dejaría al descubierto quiénes son los beneficiarios finales de los pagos y cuándo compraron los bonos y a qué precio. Como quedó claramente expuesto en los últimos multimillonarios rescates de Lebacs a los que aportaron reconocidos fondos privados de especulación, éstos tienen y tuvieron línea directa con el Ministerio de Finanzas, habían comprado bonos a precio de default y recibieron pagos sin sentencia del 70% de su reclamo con intereses de 20% anual: multiplicaron su tenencia inicial, mientras a personas físicas y ahorristas genuinos con sentencias con intereses de 0,40%, se les pretendía aplicar una quita del 55% y nunca fueron tomados en cuenta.
Como abogado privado o funcionario público, el autor del libro El default y la reestructuración de la deuda participó de la cocina del acuerdo marco con los fondos buitres, que cobraron para habilitar el endeudamiento sin que se terminara de levantar el default.
En 2014 había propuesto una estrategia global que involucrar a a todas las partes y acopló al mediador cuya misión era acercar las posiciones. Impulsó una intervención con los 5 o 6 litigantes: los fondos, los demás holdouts con US$15.000 millones, otros bonistas reestructurados, que son el 92%, el magistrado y el mediador. Caputo viajó, lapicera en mano, para firmar el convenio precocido en Wall Street varios años antes.
La idea consistía en acordar con Singer un pago parte en efectivo y otra en bonos de mediano y largo plazo, para repetirla con el resto de los holdouts. Cuando trabajaba para el estudio Garrido, Bruno advertía: "Hay que evitar que 2 o 3 meses después de cerrar con los primeros litigantes estemos en la misma situación: al borde del default pero con o tros actores", profetizó, si bien en la función pública pareció sufrir de amnesia.
O no, porque antes de fin de año, cuando los nubarrones externos se cernían sobre la política de endeudamiento del gobierno, saltó de vía en los negocios y se volcó al régimen de participación pública y privada (PPP) que financiaría obras de infraestructura al fiado hasta la terminación, cuando recién pasaría a engrosar el debe presupuestario.
O sea, no antes de 2021. La presencia del Fondo Monetario Internacional acota a las PPP como política de inversión pública diferida y torna selecta la financiación de proyectos dejándolos sujetos a rentabilidad económica, como las rutas por peaje.
Ahí será donde irá a repartir tarjetas de su propio estudio privado, especializado en atar los paquetes crediticios a las obras que atraviesen los filtros del FMI y sean pasibles de impulsar dentro de los despachos.
En la despedida que publicó en su cuenta de Linkedin, anuncia haber dejado de prestar funciones en el gobierno. “Me voy muy satisfecho por la tarea realizada, luego de haber trabajado en la resolución del conflicto con los holdouts, bonos soberanos, préstamos internacionales para obras de infraestructura, ley de financiamiento productivo y marco regulatorio de PPP entre otros temas”, escribió para ratificar que seguirá su camino como “consultor de organismos multilaterales de crédito en temas regionales de PPP y mercados de capitales” y que retomará la actividad profesional.
Bruno no sólo representó la continuidad de las negociaciones con los fondos buitres, sino que su imagen se reflejó en la Procuración, cuando estaba a cargo de Carlos Balbín, con quien operaba desde antes de asumir Macri.
Tampoco en esa área se había cambió de estrategia ni de estudio jurídico cuando asumió el gobierno Cambiemos y ya Eugenio Bruno era el responsable jurídico del Ministerio de Finanzas.
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