(U24) - Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, publicado este lunes (29/04) en Página/12, hasta enero de este año las empresas de medicina prepaga cobraron sumas por encima de lo que marca la ley a los usuarios que hoy tienen entre 27 y 41 años. Los aumentos significaron una suba en las cuotas mensuales de entre 1.000 y 1.300 pesos, lo que significó para las empresas "una facturación adicional de 1.985 millones de pesos por mes".
El Gobierno nacional, lejos de sancionar a las empresas por lo que se considera "una millonaria estafa a los usuarios", en enero pasado "las premió mediante un decreto que blanqueó la estafa", dado que se modificaron los artículos que hacían ilegales esos aumentos que se produjeron violando la ley.
El decreto habilitó a las empresas a fijar aumentos de cuotas por edad.
Cabe recordar que el 4 de mayo de 2011 fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley 26.682, reglamentada por el decreto 1993 de noviembre de ese año, que establece un marco regulatorio para la medicina prepaga, "entendiéndola como parte del Sistema de Salud".
Sin embargo, hay artículos de esa ley que "no fueron cumplidos por las empresas, sin ningún tipo de sanción por parte del Estado".
Según advierte el periodista Carlos Rodríguez en la nota de Página/12, "la trampa que se viene realizando desde hace siete años es por 'la aplicación ilegal' de aumentos en las cuotas de un grupo importante de los usuarios.
La situación se agravó ahora porque el gobierno nacional produjo 'el blanqueo' de esa transgresión de la ley, al dictar un decreto que 'legaliza' lo ilegal, porque modifica artículos de la ley 26.682.
La medida oficial es, doblemente ilegal, porque por medio de un decreto del Ejecutivo no se puede innovar sobre lo dispuesto por una ley aprobada en el Congreso".
Uno de los artículos que no se cumplieron desde 2011 es el 17, que establecía que "la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema".
Una vez ingresado "la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los 65 años de edad y que no cuenten con 10 años de antigüedad continua en la misma entidad".
A pesar de la ley, la mayoría de las empresas de medicina prepaga vienen aumentando las tarifas a medida que aumenta la edad del afiliado armando planes exclusivos para los grupos etarios más jóvenes, que"dentro de la lógica de coberturas de salud por seguro, resultan más rentables (para las empresas) debido al menor uso, en general" de los servicios de salud.
Rodríguez advierte que lo que se viene haciendo, cuando el afiliado cambia de grupo etario, es producir en forma automática un cambio de plan y aumento de la cuota, en contra de lo que decía el artículo que ahora fue modificado por el Ejecutivo. La mayoría de las empresas agrupan a sus afiliados en al menos tres grupos etarios: 18 a 25 años, 26 a 35 años y 36 a 65 años.
Más allá de la particularidad de cada prepaga, en promedio el paso de un grupo etario a otro representa un aumento del 36% en la tarifa mensual, además de los aumentos autorizados legalmente por el Ministerio de Salud.
El nuevo régimen eliminó esto con un simple mecanismo: si el contrato de adhesión establece que van a poder aumentar, entonces pueden hacerlo. El decreto fija que “se admitirá el cambio de categoría de cuota cuando el mismo haya sido expresamente previsto en el contrato de afiliación“.
Con este cambio, en cualquier caso en que un consumidor entre en determinada franja etaria, podrá pasarse al precio que corresponda, sin importar su antigüedad en la contratación ni ningún otro extremo.
El cálculo realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, mediante un relevamiento de mercado, señala que "los afiliados que, en el momento de la sanción de la Ley 26.682 y su decreto reglamentario, tenían entre 20 y 34 años han sufrido un aumento por cambio de grupo etario".
El incumplimiento de lo que dice el artículo 17 original "habría afectado al menos a 1.600.000 personas en estos últimos seis años", una cifra que constituye "el 26% de los usuarios de medicina prepaga del país".
Si se utilizan como referencia los valores de los planes más populares de las principales empresas, "cada afiliado que tenía entre 20 y 24 años en 2011, hoy paga 1.004 pesos de más por mes", mientras que "los que tenían de 25 a 34 años, pagan de más alrededor de 1.315 pesos".
En todos los casos, el incremento ilegal que pagaron en todos estos años, "representaba cerca de un tercio del valor de la cuota".
Una estimación de lo que los usuarios pagaron de más desde 2011 hasta enero de 2019, cuando se modificó la reglamentación para "blanquear la estafa", surge que las prepagas reunieron "una facturación adicional de 1.985 millones de pesos por mes".
En el informe se resaltó que "toda esta ilegalidad y abuso" de las empresas desde 2011 "ha sido premiada con un 'blanqueo' realizado por la nueva reglamentación decretada por el Poder Ejecutivo".
En suma, se trata de "un decreto que legaliza la estafa" porque el 22 de enero de este año se publicó en el Boletín Oficial el decreto 66/2019, que modifica varios artículos del decreto de reglamentación original.
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