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| El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín y Juan Grabois de la CTEP. |
(U24) - Fin de la polémica Galperín-Grabois con festejo para Mercado Libre y el sector de las empresas de software: la Cámara de Senadores convirtió en ley este miércoles (22/5) el nuevo régimen de la Economía del Conocimiento (también conocido como Industria del Conocimiento), enviado por Mauricio Macri al Congreso y que prorroga hasta diciembre de 2030 los beneficios fiscales que tienen las empresas de software, a la vez que los amplía a otras de tecnologías intensivas.
El proyecto prevé menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para aquellas actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global.
La ley tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software creado durante el gobierno de Néstor Kirchner. A pesar de ese origen el kirchnerismo y Grabois rechazaban la ampliación de Macri porque entendían que beneficiaba a grandes empresas que no derraman ganancias suficientemente, como el caso apuntado de Mercado Libre.
Macri también incluyó en su proyecto a otras industrias como las de producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.
Además, se contemplan los servicios geológicos, la nanotecnología, las industrias aeroespacial, satelital y nuclear, los sectores de videojuegos y robótica, los servicios de electrónica y comunicaciones, la industria del 4.0 y “todos los servicios profesionales que tengan por objeto la exportación”.
La iniciativa sancionada por el Senado tiene la coautoría del Diputado Juan Brügge, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación y el trabajo en conjunto con el diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto, que lograron la aprobación de la ley que amplió el régimen de promoción.
En concreto, los beneficiarios gozarán de estabilidad fiscal sobre todos los tributos nacionales a partir de su inscripción en un registro nacional que se crea en la ley. Como incentivo, se establece un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que corresponda pagar, el cual deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en carácter de anticipos o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las Ganancias e IVA.
Cuando los trabajadores en relación de dependencia tengan título de doctor, el bono de crédito fiscal generado por ese empleado será equivalente a dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por el término de 24 meses desde su contratación.
Por otra parte, las empresas quedarán alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal; y además no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA.
El proyecto también crea un “régimen de incentivo para la participación privada en la financiación y sostenimiento de actividades de investigación en ciencia y tecnología aplicada a realizarse en instituciones universitarias”. La ley apuesta a crear 215.000 puestos de trabajo y a alcanzar los USD 15.000 millones de exportación en 2030, último año de su vigencia.
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