(Urgente24) El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar este martes (04/11) la sede central del PAMI en busca de pruebas en la investigación por supuestas irregularidades en préstamos del programa al Tesoro de la Nación.
La denuncia la hizo el fiscal Carlos Stornelli para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La investigación apunta a determinar si son indebidos esos préstamos hechos por el PAMI al Tesoro nacional, relanzados durante los últimos años, por lo que quedó en la mira la gestión que emprende el actual director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Cesare (foto).
Semanas atrás, la diputada Graciela Ocaña declaró como testigo ante el juez Bonadio y explicó cómo el PAMI le hizo una serie de préstamos al estado mientras "baja el nivel de prestación de sus servicios a los jubilados lo que viola la ley".
La causa fue abierta gracias una denuncia del fiscal Stornelli quien analizó cuáles son las funciones que la ley le otorga a la obra social de los jubilados y si puede hacerle préstamos al gobierno. La ex titular del PAMI había dicho también que la obra social de los jubilados "tiene que dejar de ser la caja para financiar la política", tras la denuncia sobre los manejos del organismo revelados en el programade TV de Jorge Lanata.
Ocaña subrayó que cuando dejó el organismo, en 2007, "el presupuesto era de $6.300 millones y alcanzaba para todo, mientras que hoy es de alrededor de 26 mil millones de pesos". Ayer, la Cámara Federal revocó los sobreseimientos de las máximas autoridades del PAMI,
Di Cesare y su segundo, Mariano Cardelli, en el marco de una causa por irregularidades en manejos económicos de la obra social de los jubilados. En su fallo, el Tribunal le ordenó al juez Sergio Torres que profundice la investigación a raíz de la contratación supuestamente irregular de unos 6.000 empleados y gastos llevados a cabo por la obra social.
Stornelli había imputado al director Di Césare y a Cardelli por autoadjudicación de sueldos brutos de casi cien mil pesos, entre otras irregularidades. La denuncia fue del abogado Ricardo Monner Sans, basada en una investigación del diario Clarín de noviembre pasado.
Stornelli pidió al juez Bonadio una serie de medidas de prueba sobre el criterio interno de asignación de sueldos, la construcción de los hospitales del Bicentenario y los altos viáticos por viajes al exterior de los funcionarios de la obra social de los jubilados.
En septiembre pasado se supo que Di Césare cobró un salario bruto de 98.700 pesos que, luego de los descuentos por jubilación, obra social e impuesto a las ganancias se redujo a 63.676 pesos, mientras que en enero pasado, Cristina cobró un salario en bruto de 79 mil pesos y se supone que debe ser el más alto de la administración pública nacional.
En noviembre pasado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habría manifestado su malestar a Di Césare por los sueldos desproporcionados que cobra la cúpula del PAMI. Por su parte, el subdirector del PAMI, Mariano Cardelli, cobró un salario bruto de $ 97.566 y se llevó en la mano $ 61.759.
En los últimos meses del año pasado, hubo viajes de, por lo menos, 8 funcionarios al exterior por gastos en total de más de 50 mil dólares. Además, pese a que es un funcionario político, le pagaron gastos de un diplomado “en gerencia de prestaciones de servicios sociales” (US$ 790 dólares), le dieron un viático diario de US$ 218, un pasaje aéreo en clase ejecutiva (US$ 6000) y US$ 3000 más en “gastos de representación”.
La obra social de los jubilados se convirtió en una caja de auxilio para el Gobierno Nacional. De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2013, las transferencias netas de otros organismos estatales como la ANSES o el PAMI serán de $23.062 millones.
De todas formas, los aportes del PAMI y otros organismos públicos sólo pudieron atenuar el rojo fiscal de 2011, al recortarlo de $58 millones a los $37 millones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario