ROSARIO (Especial para Urgente24). El Observatorio de la Deuda Social Argentina depende de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Este centro de estudios ha desarrollado un Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina, que difundió su 1er. trabajo, provocando mucha preocupación: "El tráfico de drogas ilícitas creció un 50% en los últimos cuatro años y afecta principalmente a la población de menores recursos, de acuerdo a la percepción de los habitantes de las ciudades más importantes de la Argentina."
“El avance del narcotráfico afecta el desarrollo a nivel del propio Estado, mientras que su penetración opera sobre el campo de las personas, las familias, el poder y la política. Vemos que existe un agravamiento de la situación en los últimos años, pero el proceso no es nuevo. No es sólo de la última década sino de las últimas dos. El avance golpea fuertemente las bases de la vida democrática e institucional, porque produce efectos corrosivos”, advirtió el coordinador del Observatorio, Agustín Salvia.
La encuesta detectó, además, un crecimiento mayor de la venta de drogas en aquellos barrios que padecen una falta de presencia policial (de 39% en 2010 a 54% en 2014), pero a la vez indicó que las fuerzas de seguridad no pudieron impedir la suba del tráfico en los lugares donde sí ejercitan su accionar, ya que el narcomenudeo pasó igualmente del 25% al 35%.
“En los barrios más pobres existe un déficit de control o connivencia policial”, sostuvo Salvia.
Otro factor tenido en cuenta en el sondeo fue la situación laboral. En este punto, los especialistas estimaron que la venta de drogas creció al 55% en 2014 (sobre una base de 35% en 2010) en los barrios donde sus residentes tienen trabajos precarios o directamente están desempleados.
De todos modos, el narcotráfico también subió de 28% a 38% allí donde se considera que existe pleno empleo. Es decir, que sólo con trabajo no se erradica el problema.
De hecho, Salvia sostuvo que “el mercado” de la venta de drogas se mueve de forma “pro-cíclica” acompañando el movimiento general de la economía.
“En 2009 hubo una crisis, pero en 2010, 2011 y 2012 aumentó la capacidad de consumo. Se dio un entonces un contexto de mayor demanda”, explicó el director del Observatorio. “El narcotráfico es una actividad económica y su objetivo es convertir a los sujetos dependientes de esa mercancía”, agregó.
Agustín Salvia fue entrevistado por Raúl Acosta por LT8:
-Si esto fuese, digamos, 2010 a 2015, ¿cómo venimos con el narcotráfico?
-A ver. Lo que nosotros hacemos es una encuesta que se aplica a nivel nacional urbano para medir indicadores de desarrollo humano e integración social, entre ellos pobreza, todos los años. Y entre uno de los varios indicadores que hemos venido trabajando, han sido justamente la percepción, los registros, por parte de los hogares de la existencia de venta de drogas en los barrios, en las calles, en las manzanas, en el vecindario donde viven. Junto con otra serie de indicadores, que tratan de registrar la presencia en el interior del hogar de alguna persona, algún miembro en situación de adicción severa, las posibilidades que tiene de atención o los recursos que han dispuesto para poner una solución al problema. Frente al primer problema, que es el avance del narcomenudeo, que es lo que nosotros registramos, que en realidad es la parte visible del iceberg, tenemos que efectivamente, desde el año 2010, donde venimos haciendo este registro, hasta el año 2014, viene observándose un aumento de la presencia del narcotráfico en los barrios. De un 30% en el año 2010 a un 38% en 2011, un 39% en el 2012, 42%en 2013, hasta llegar a un 45% en el 2014, que refiere a la cantidad de hogares que en los barrios identifican presencia, venta, intercambio o tráfico de drogas ilegales.
-Agustín, le doy primero el marco: debido a que hice durante Tres años una serie de notas con conjuntos musicales marginales, visité lugares insólitos de Rosario, que tienen esa característica, están en los márgenes; y lo que advertí en 2012, 2013 y 2014, es que había un nuevo componente de la sociedad que era el hombre, el muchacho que en esos sitios ayudaba en los cumpleaños, ayudaba en la fiestitas, y que era finalmente uno de los capitalistas sociales que resolvía pequeños problemas barriales, y era el distribuidor de drogas. ¿Hay un nuevo actor social? ¿Ustedes tienen identificado algo en ese tema?
-Bueno, lo que hemos identificado es que este fenómeno, que si bien no es nuevo se viene acelerando, se aceleró fundamentalmente en los barrios más pobres. Tal vez es posible que ahí se haya hecho más visible o, de hecho, se a más visible; pero también es cierto que el registro vino aumentando mucho más entre 2010 y 2014 en villas asentamientos, donde tenemos un aumento de un 53% a un 84%. Esta abrumadora situación de venta en los barrios cualitativamente mostró que estaba asociado efectivamente al enrolamiento de jóvenes a esta actividad, ya sea de comercialización, distribución, control de territorio o incluso producción. Incluso familias que participan de esta actividad formando cooperativas de intercambio, de venta. Esa situación se ha generalizado en los barrios alrededor de una droga muy barata, pero muy destructiva, como es el paco. Y esto ha hecho que tenga una penetración muy importante, muy fuerte, y que los jóvenes captados en situación de marginalidad son coaptados por mafias organizadas, quedando muy vulnerables las familias para poder protegerlos, dado que el Estado no está presente ni por la protección, en términos de seguridad, ni tampoco en términos de asistencia frente a esta adicción o frente a una situación de adicción severa. Esto es mucho más preocupante en estos barrios que en el reto de la estructura social.
-Otra cosa que pude observar es que en mucho de estos sitios, yo le repito que buscaba a conjuntos musicales, me encontraba que la mayoría de los conjuntos que estaban bien armados, en zonas absolutamente marginales de la región Rosario, tenían una relación con la fe. Eran grupos cristianos, grupos evangélicos. Lo digo del modo más brutal: como si la salvación contra la droga fuese tener una fe puesta en un dios.
-Esto sí es algo que nosotros hemos registrado cualitativamente. No tanto por el tema religioso, sino por el tema de sentimiento de seguridad y protección que tienen las familias cuando ven que sus hijos puedan estar correr riesgo de participar en estas estructuras delictivas. Y efectivamente aparecen redes de protección entre las propias familias. La Iglesia, las iglesias, constituyen sin duda un lugar de refugio, no tanto por la creencia religiosa en sí, sino fundamentalmente por lo que significa sentirse protegido por el responsable religioso, el cura, el pastor , y la propia institución iglesia.
-En su anterior respuesta usted me decía que muchas de estas cosas sucedían por la ausencia del Estado o, para decirlo con la palabra más exacta, un Estado ausente. Supongo que por allí vendrá la solución. ¿Cuál es su mirada sobre esto?
-A veces el problema está en que este Estado no sólo está ausente sino que incluso, a través de agentes paraestatales, están coludidos en estas actividades. Léase fuerzas de seguridad fundamentalmente. Ahora, cuál es la solución. Hay una solución estructural que requiere política nacional de seguridad. Una política de seguridad y de inteligencia. Que protejan fronteras, que desbarate narcotraficantes importantes, en términos de cadenas, producción y distribución, aspectos que no están todavía presentes en la política pública. Y al mismo tiempo política de presencia del Estado en los barrios y de protección a las adicciones severas para los más jóvenes. Tengamos en cuenta que, hoy por hoy, estamos hablando de al menos 250 mil familias que están afectadas por una adicción severa a las drogas y otras 400 mil a situaciones de alcoholismo, la mayoría jóvenes, y que hoy por hoy el Estado carece, para los sectores populares, de un sistema de atención para este tipo de adicciones.
-El nivel de pobreza, sé que no lo miden exactamente así, pero ¿qué porcentual está por debajo de la vida posible o la vida apacible?
-Nosotros teníamos indicadores que los tomábamos como indicadores estructurales. La pobreza estructural estaba alrededor del 10, 12% de los hogares a nivel urbano en todo el país. Y si esto lo llevamos a una situación de ingresos, estaba por arriba del 25%. Y tenemos un 5, 6% de la población en pobreza extrema. Es decir, que no alcanzan una canasta básica alimentaria. Estas condiciones son, sin duda, un caldo de cultivo para que hogares y jóvenes participen en estas actividades ilegales y queden coaptados por estas situaciones, en tanto que estas acciones les generan muchas veces a las familias, a esos jóvenes, ingresos muy por arriba de lo que pueden obtener en un mercado de trabajo muy precario para ellos.
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