REVÉS PARA TOMADA EN LA CAUSA POR LAS SUPUESTAS LICITACIONES IRREGULARES

AGENCIA / JUSTICIA 

Carlos TOMADA

En primera instancia, el juez federal Ariel Lijo había archivado el expediente, pero el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló esa resolución y, luego, el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes mantuvo ese recurso, por lo que la causa llegó a la Sala Dos del tribunal de alzada.



Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que "la decisión adoptada resulta prematura" por parte de Lijo puesto que en la instrucción "no se ha realizado" la pericia correspondiente "a través de un organismo especializado".

 La causa pone el foco en dos licitaciones privadas convocadas por el Ministerio, la 17/11 y 25/11, publicadas en el Boletín Oficial, para la recopilación "material fílmico periodístico" de Tomada y la producción de un video y difusión en DVD, en momentos en que se candidateaba a Jefe de Gobierno.

 La licitación 17/11 fue ganada por la empresa Guevara 24 SRL con una oferta superior a 48.000 pesos, pero el Ministerio la anuló y llamó a la segunda licitación, la 25/11, ofreciendo pagar tres veces más, según destapó el sitio web 'Eliminando Variables'.

 Entonces hubo dos oferentes, Sedial SA y Milkao SA, que compartían el mismo domicilio, Viamonte 794, piso 5, en el barrio de Retiro, y el titular de ambas sería la misma persona, Pablo Gastón Catán, según el portal informativo.

 "No puede dejar de advertirse la coincidencia existente tanto en los domicilios informados como en sus integrantes, a lo largo del tiempo, entre dos de las tres firmas que se presentaran a la licitación", observaron los camaristas.

 Según 'Eliminando Variables', en aquella edición sólo se produjeron 50 copias en DVD del video y no se sabe quiénes fueron los destinatarios, mientras que Tomada sólo llegó a ser el número dos de Daniel Filmus, elegido por la presidenta Cristina Fernández, y esa fórmula perdió en los comicios.

 Para los jueces "la decisión adoptada" por Lijo de archivar la causa "resulta prematura" y encargaron al magistrado "las diligencias" para "esclarecer fehacientemente la cuestión y descartar -o no- la vinculación de funcionarios públicos con la oferente" en la licitación.