PARANÁ - (Urgente24). El último día hábil de 2015, alguien interesado en el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito iniciada contra el ex gobernador Sergio Urribarri y su entorno familiar, habría presentado en los tribunales de Paraná una importante cantidad de datos y pruebas que tendrían relación con la misma.
Mientras tanto, otros medios de la provincia han publicado datos acerca de otras propiedades que el ex mandatario y su socio, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes tendrían en otros lugares de la provincia y en el exterior. ¿Brasil?
La web Redes de Noticias, de Concordia, publica que “la sociedad” compartiría millonarias inversiones en el rubro hotelero en las Termas de Federación, como así también en el mismo rubro en Paraná.
La misma web había publicado en 2013 un informe por el cual se mencionaba una denuncia realizada contra el ex gobernador por una fundación denominada Giovanni Falcone, que hablaba de un campo de 1.800 hectáreas en la zona del departamento Federal mencionando quién habría sido el anterior dueño.
De las averiguaciones que pudo hacer Redes de Noticias, resultó que esa propiedad rural nunca fue vendida por la sucesión mencionada en la denuncia, pero ahora el ex gobernador explicó que la península fue comprada por una sociedad que comparte con sus hijos que se dedicaría al cultivo de arroz y soja, aunque no precisó dónde. ¿Sería ese el lugar?
Pero hay otras propiedades que estarían a nombre de otras personas: una fuente muy cercana a la familia Urribarri, le relató a Redes de Noticias que la familia del ex gobernador posee por lo menos dos departamentos en Punta del Este, que habrían sido los presentes que el entonces mandatario hizo a dos sus hijos cuando trajeron nietos a la familia.
En este caso sería una persona de San Salvador el presta nombre para la operación. ¿El mismo del 'caso ATER' (Administradora Tributaria de Entre Ríos), quizás?
Todo lo que está apareciendo, a partir de la denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra Urribarri, su familia y su entorno, demostraría que para poder llevar adelante todas esas maniobras, y montar semejante estructura, no solo deberían haber comprometido a una gran cantidad de amigos, funcionarios y testaferros, dispuestos a callar llegado el momento, sino que además tendrían que haber previsto algún otro resguardo más serio que depender solo del silencio de sus colaboradores.
“LA GUARIDA”
Y por supuesto que se habrían ocupado también de ello. Tanto Urribarri, como Rodríguez Signes siempre tuvieron como objetivo lograr mantener buenas y “fraternales” relaciones con el Poder Judicial y con todos los organismos de control existentes.
Aparte de no haberse ocupado nunca, ni ellos, ni sus condescendientes legisladores “amigos”, de establecer lo que manda el artículo 208 de la Constitución provincial reformada en 2008, que prevé que se instituya en la provincia una Procuración dedicada a la investigación de delitos contra la Administración Pública, que se la dote de recursos y que se designe un fiscal especial para cada departamento de la provincia.
Esas “fraternales” relaciones entre el poder político y el judicial serían las que les permitirían ahora a “la sociedad”, abrigar alguna esperanza respecto a lo que se debería investigar. La primera puerta que se debe sortear en el intricado armado judicial que “la sociedad” habría pergeñado, es la del Procurador, Jorge García.
El jefe de los fiscales de la provincia es un hombre que ha frenado hasta límites imposibles cuanta causa tenga que ver con actos de corrupción. Su accionar a favor del gobierno y del gobernador ha sido muy evidente, al punto tal que los abogados integrantes del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos emitieron un comunicado en el que ponen en tela de juicio, en términos muy críticos, el accionar de la Justicia entrerriana, fundamentalmente en las cuestiones que tienen que ver con la demora en los muchísimos casos de corrupción que afectan a dirigentes políticos en funciones actualmente.
El poderoso Procurador García hizo caso omiso a la requisitoria de los abogados y los acusó diciendo que no permitiría que sean “cómplices de los muchachos que defienden”.
García habría sido el ideólogo de la estrategia que le permitió al gobernador Urribarri, “zafar” del compromiso asumido frente a los policías que reclamaban mejoras salariales en los recordados hechos de Concordia en el año 2013.
El fiscal tuvo su premio. Su pareja actual, la abogada Marcela Badano, fue designada como vocal de la Cámara de Casación Penal. En esa oportunidad el peso de García se hizo sentir cuando hizo expulsar al Presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y también Secretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, por el solo hecho de haberse atrevido a preguntar durante el proceso de evaluación de la funcionaria, si su relación con García no complicaría procedimientos penales al tener que excusarse.
García es un todoterreno con el que “la sociedad” sabe que podría contar sin problemas. Urribarri también permitió que una de las integrantes del actual Superior Tribunal de Justicia, Leonor Pañeda, se mantenga en el Poder Judicial a pesar de que la Constitución de Entre Ríos prohíbe que puedan trabajar en el gobierno quienes lo hayan hecho durante la dictadura.
Pañeda ingresó al Poder Judicial en el año 1978. Desvirtuando al mismo tiempo una de las banderas sagradas del kirchnerismo que el ex gobernador decía representar tan fielmente. Al ex gobernador no le tembló el pulso, y su fiel fiscal de Estado lo avaló todas las veces, cuando tuvo que firmar aumento tras aumento para los integrantes del Poder Judicial.
Según el ex senador Héctor Maya en un informe presentado a los medios hace unos días “las deformaciones que existen en todos los ámbitos institucionales de la provincia, ocurren por la connivencia entre el poder político y el judicial y la base para que eso ocurra está en las desproporcionadas remuneraciones que cobran los integrantes de la justicia entrerriana, que triplican la media nacional”.
Según el ex legislador nacional “Esas remuneraciones las consiguieron sobre la base de acuerdos con el poder político, si bien yo no sé qué es lo que han canjeado, en el año 2010 la justicia ocupaba el 2% del presupuesto, en 2012 el 3% y hoy casi el 5%, en un jolgorio de remuneraciones vergonzosas, que resulta en un miembro del STJ percibiendo más de 200 mil pesos por mes, más cuotas de viáticos y viajes desbordantes, dinero que es recortado de la salud y la educación”.
Pero “la guarida” tiene otros vericuetos. La presidente del STJ, Claudia Mizawak, que aparte de esos incrementos en las partidas presupuestarias que señala Héctor Maya, recibió hasta ahora todo lo que se le ocurrió por parte de “la sociedad”, es la esposa de uno de los funcionarios de mayor confianza del fiscal de Estado Rodríguez Signes: el poderoso secretario de energía de la provincia, Raúl Arroyo, cargo que seguirá manteniendo luego del recambio gubernamental.
Otro de los lugares donde “la sociedad” ha puesto mucho énfasis en tratar de colocar personas que les sean fieles, es en el Tribunal de Cuentas de la provincia. En ese lugar se desempeña Guillermo Smaldone que es el hijo de uno de los integrantes del STJ, Ramón Smaldone.
Otro hijo de este, Tomás Smaldone, ha sido ahora designado en la crucial Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Gobierno y Justicia que dirige el hijo del ex gobernador, Mauro Urribarri.
“Los Smaldone”, según un informe elaborado por el periodista Ricardo Leguizamón para la web Entre Ríos Ahora, han sido altamente beneficiados por “la sociedad”, ya que además de los cargos que cada uno de ellos ocupa, la esposa de Guillermo Smaldone, María Josefina Pace, es relatora de la Sala 3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En tanto, Mercedes Iturburu, esposa de Tomás Smaldone, es asistente de su suegro, Juan Ramón Smaldone, en la Sala 2 Civil y Comercial del STJ. Pace, además, pasó a integrar desde junio último la lista de los 12 conjueces aprobados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. A pesar de todo ello los denunciantes aspiran ir rompiendo una a una todas las puertas de “la guarida” y llegar a lograr sanciones ejemplificadoras para todos los posible implicados en sus denuncias.
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