Toda la esperanza de Mauricio Macri acerca de la economía se encuentra depositada en un fenomenal programa de endeudamiento público, muy superior a los US$ 70.000 millones, que a su vez depende de que se despeje el frente judicial externo.
No hay Plan B. Pero ¿no hará falta un Plan B?, se preguntan algunos. En especial, cuando el frente judicial externo luce más complicado de lo que parece: acordar con Thomas Griesa y Daniel Pollack es sólo el comienzo pero esto es mucho más complicado...
El 2do. Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió el dictamen del juez Thomas Griesa hasta que pueda escuchar una apelación de los acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares.
Según documentos de tribunal, el Estado argentino no se opuso al requerimiento de los acreedores de dejar la orden en espera. Previamente, se había asegurado una apelación acelerada, con el argumento que "sin una rápida resolución, el arreglo de las reclamaciones más grandes en este largo litigio se ponen en peligro".
El 02/03, Griesa levantó las medidas cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts. Esas medidas cautelar serán definitivamente canceladas cuando Argentina derogue las leyes de pago soberano y la denomina ley cerrojo y además pague al contado a los fondos buitres que aceptaron la propuesta de Argentina, para solucionar el diferendo, fijando el plazo del 24 de abril para que se concreten esas medidas.
El "stay" implementado por la Corte de Apelaciones había sido ya acordado por los abogados de la Argentina y de los fondos 'buitres' en una audiencia realizada en ese tribunal antes que se firmara el acuerdo por el cual los demandantes cobrarán US$ 4.653 millones más US$ 14 millones adicionales en intereses.
Luego, Griesa firmó la orden que establece la hoja de ruta para levantar las cautelares, enla cual también incluyó la implementación de un "stay" hasta tanto se resolvieran las apelaciones. La jueza de la Cámara de Apelaciones Catherine O Hagan Wolfe, comunicó la decisión a Griesa informándole que aceptaron la apelación de los acreedores contra la decisión originaria.
La decisión judicial no cambió la urgencia del Gobierno de Mauricio Macri que debe lograr la anulación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y salir al mercado internacional. Los fondos acreedores, liderados por NML, de Paul E. Singer, y Aurelius Capital, deberán presentar sus argumentos ante el tribunal de apelaciones el martes 15/03, junto con el resto de los fondos "me too" y los bonistas minoristas que intentan mantener en vigencia los injuctions de Griesa.
Esas medidas cautelares fueron determinantes para llevar a la Argentina a negociar con los bonistas que rechazaron los canjes de 2005 y 2010 y obtuvieron sentencias a favor en el tribunal de Griesa. La Argentina podrá presentar su respuesta el 21 de este mes, y los demandantes tendrán una oportunidad para refutar al país cuatro días más tarde, el 25.
Luego, la Corte de Apelaciones fijará una audiencia antes de emitir su decisión final. La decisión de Griesa de anular las medidas cautelares está condicionada a que la Argentina derogue la ley cerrojo y la ley de pago soberano.
Los abogados del Estado argentino, Cravath, Swaine & Moore, habían pedido a la Corte de Apelaciones del 2do. Circuito que acelerara las apelaciones. En línea con lo acordado, no se opusieron al "stay" dictado por el tribunal.
"La Argentina no va a ser capaz de emitir la deuda prevista para financiar esos acuerdos sin certeza de que las medidas cautelares serán liberadas como consecuencia del pago de esos acuerdos", indicaron en un escrito los abogados del país.
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