En una sesión especial por los festejos del bicentenario de la independencia nacional, la Legislatura porteña derogó por unanimidad la ley 5.464, que creó el Consejo de Propiedad Horizontal, resistida por vecinos y consorcistas, ya que le otorgaba a los encargados de edificios un papel decisivo en la administración de las distintas propiedades y que podía derivar en el aumento de expensas.
Los legisladores tratarían el tema en comisión. Desde el kirchnerismo afirmaron que no se trató de un pacto entre Larreta y Víctor Santa María, titular de SUTERH, que también pidió la derogación.
El PRO dio marcha atrás a la ley sancionada el 03/12 pasado, impulsada por el kirchnerismo y a tan sólo 13 días de presentarse. El motivo de la derogación, según fuentes oficiales, fue que Larreta, se percató de las innumerables manifestaciones de rechazo que los propietarios le hacían en las distintas recorridas por los barrios que realiza semanalmente y en la propia Legislatura, donde asistían a cada sesión para manifestar su rechazo.
"Hemos reflexionado y nos hemos convencido de que se debe volver a la situación anterior a la norma, es decir al Registro de Administradores de Consorcio. Por eso, se tomó la decisión política de derogar la ley", anunció el presidente del bloque amarillo, Francisco Quintana, previo a la sesión.
En la última sesión del 2015, en la cual también se votó el presupuesto, sólo dos legisladores rechazaron la iniciativa, el diputado Gustavo Vera, de Bien Común y el legislador Hernán Arce, del Partido Socialista.
Justamente, el parlamento votó el proyecto de Arce, que pedía la derogación. El socialista presentó la iniciativa en marzo pasado, y celebró su aprobación de hoy, aunque criticó "no anduvimos con especulaciones frente al reclamo de los vecinos, presentando un proyecto para hacer modificaciones", en referencia al bloque mayoritario.
Vecinos, inquilinos y consorcistas rechazaron el Consejo de Propiedad Horizontal desde su aprobación. Aducen que el Gobierno porteño negoció la norma con el sindicato de encargados de edificios, SUTERH, cuyo titular es Víctor Santa María, también a cargo del PJ porteño y dueño de Página 12.
La norma conocida como "ley Muñoz" fue impulsada por el kirchnerista Fernando Muñoz, hoy en la Defensoría del Pueblo, a cargo de un área que, en teoría, sirve para proteger los derechos de los 900 mil porteños que alquilan en la Ciudad.
En concreto, el rechazo surge por la mayoría que obtenía los gremios en el comité del consejo, con 6 sobre 11 integrantes. Según contemplan, dicha autoridad derivarían en un aumento de expensas. Al respecto, desde la Liga del Consorcista expresaron "las expensas comunes que se pagan en los edificios de Propiedad Horizontal han llegado a un nivel tan elevado, que si no se busca urgentemente un remedio, la enorme cantidad de propietarios jubilados, asalariados con haberes mínimos e inquilinos que habitan esos departamentos se verán seriamente afectados, por no hablar de la propia actividad inmobiliaria".
Pese a que la mejora en los salarios de los encargados será del 12%, se estima aumentos de entre 20 y 30%, de acuerdo a los consorcios. En noviembre se discutirá una segunda suba. Santa María había considerado "un error echarle la culpa del aumento a los trabajadores que sacan un 25% de incremento salarial" y agregó que sólo el 40% impacta en las expensas.
El consejo tenía potestad de administrar y fijar el costo de matriculación de los administradores, así como el valor de los aranceles que percibiera por sus servicios. También tenía la capacidad legal de adquirir y administrar bienes, pudiendo percibir intereses y frutos civiles producto de ellos.
Arce argumentó que el consejo resultaría una "inevitable consecuencia para los cientos de miles de propietarios e inquilinos de nuestra ciudad. Es que, el incremento de costos para los administradores de consorcios sería trasladado indefectiblemente al valor de las expensas.
En este contexto de inflación, es imperdonable que esta Legislatura votara una ley que perjudicara el bolsillo de los porteños". "Es de buen gobernante reconocer cuando uno se equivoca, es bueno que Larreta haya reflexionado. Sin embargo, que esto no sea un tiempo ganado, para que en unos meses discutamos algo de similares características" agregó el socialista.
La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal presentó en el mes de febrero un amparo argumentando la inconstitucionalidad de la norma. Además, el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Awad (especialista en la temática consorcial), sostuvo que la Ley 5464: "es, lisa y llanamente, un ataque al derecho de propiedad de los consorcistas y de los administradores.”
Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, resaltó algo lógico y que tiene el visto bueno del PRO: que ya derogada, la norma se trate en comisión, con la participación de los vecinos. "Esta ley no se puede tratar sobre tablas. En 2015, la Legislatura funcionó muy mal, practicamente sin trabajo en las comisiones por las elecciones.
Hay que respetar lo que dice la constitución y que los vecinos participen en las comisiones para tener el mayor consenso posible", afirmó el legislador. Gustavo Vera, de Bien Común, denunció que "la sanción de esta ley fue un delito doloso. Si no fuera por los vecinos, teníamos esta norma burocrática todavía sancionada. Celebro que se diera marcha atrás, pero no seamos hipócritas, acá todos menos Arce y yo, levantaron la mano en diciembre".
Agregó "hubiese sido saludable haber tenido la misma permeabilidad que hoy con el tratamiento de la Agencia de Bienes, por la cual se pronunciaron en contra todos los vecinos". Ocaña expresó que "además de perjudicar a los vecinos con el aumento de expensas, el consejo no garantizaba una representación real de los consorcistas" y su compañero de bloque, Diego García de García Vilas afirmó "hay que trabajar a fondo porque el Registro de Administradores de Consorcios tampoco funciona.
Eso se debe hacer a partir de hoy, escuchando a las organizaciones que de consorcistas y copropietarios". Gabriel Fuks, del FPV, afirmó que la sanción de la ley "no fue ningún pacto, el diputado (Fernando) Muñoz que es un luchador, fue quien la impulsó en beneficio de los inquilinos y trabajadores.
No se puede fundamentar la derogación apuntando a los trabajadores (por SUTERH) en el aumento de las expensas". A continuación, su compañera de bancada, María Rosa Muiños, pidió que se leyera una carta de Santa María, en representación de SUTERH, al Vicejefe de Gobierno y presidente de la Legislatura, Diego Santilli, en la cual pide la derogación de la ley 5.464 por "la necesidad de que la Ciudad cuente con un organismo que regule la actividad de los administradores, a fin de evitar las prácticas abusivas que conllevan tanto al aumento indiscriminado de expensas como a entorpecer la correcta convivencia entre los sectores que son parte en la propiedad horizontal: copropietarios, trabajadores de edificios, inquilinos y los propios administradores".
En la misiva, el titular del PJ en la Ciudad reconoció que "el debate público que envuelve este tema excede la abrumadora mayoría con que se aprobó la norma en diciembre. Esto nos hace reflexionar en la manera en que debe volver a debatirse esta problemática que, a nuestro entender, debe darse en el marco del mayor consenso posible, necesario para que los distintos sectores se sientan representados y escuchados, para que el organismo nazca con la credibilidad indispensable y sus resoluciones sean acatadas por todos".
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