Según datos de la organización internacional a los que accedió ámbito.com, 14 de los crímenes se produjeron en México y Guatemala.
"Un balance desastroso que se explica por la falta de mecanismos de protección o por las deficiencias de estos, pero sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la mayoría de los países de la zona, que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo para el ejercicio de la profesión periodística", alertó RSF en su informe.
A la cabeza de la estadística vuelve a figurar como en 2015 México, con nueve asesinatos. Le siguen Guatemala con cinco; Honduras tres; Brasil dos; Venezuela uno, y El Salvador otro.
Si bien la entidad advierte que "ninguno de estos países se encuentra oficialmente en guerra", aclara que estas naciones "padecen una fuerte violencia estructural, relacionada en parte con la omnipresencia de grupos armados, como los cárteles en México o las pandillas de Maras en América Central".
RSF aclaró que "no pudo incluir en su recuento oficial todos los asesinatos de los que tuvo conocimiento, debido a que hubo casos en los que no obtuvo información suficientemente clara de las investigaciones locales sobre si existe un nexo entre el asesinato y el trabajo periodístico de la víctima".
Por ese motivo, se afirma que en la mayoría de los casos registrados aún se desconoce con exactitud cuál fue el móvil del crimen.
En el reporte, la ONG sin fines de lucro cuestiona la falta de apoyo estatal al esclarecimiento de los asesinatos. "A menudo las investigaciones judiciales -cuando se abren- se estancan o se ven obstaculizadas por autoridades corruptas. Más que nunca, la impunidad de estos crímenes sigue estando en el centro de un círculo vicioso y de una desvalorización permanente de la profesión periodística", manifestó.
Asimismo, remarcó que el "contexto" en el que ocurren estas muertes violentas suelen ser muy similares. "Se trata de regiones alejadas de las grandes ciudades y de periodistas -a menudo locutores de radio o corresponsales locales- que cubren temas locales judiciales, sociales o relacionados con el crimen organizado y la corrupción, que son asesinados por sicarios en la calle, cerca de su domicilio o de su trabajo".
Pero además, recordaron que en varias ocasiones las víctimas ya habían denunciado haber recibido amenazas, tras realizar sus investigaciones o después de difundir o publicar información. Otro de los cuestionamientos de RSF contra el Estado apunta al trabajo de las policías y los fiscales.
"Cuando se cierne la duda, las autoridades policíacas y judiciales descartan lo más rápidamente posible que el móvil del crimen esté relacionado con la profesión de la víctima, ponen en tela de juicio la calidad de su trabajo periodístico e incluso pueden decir que existían nexos entre la víctima y grupos criminales locales", afirmaron.
"Este balance de asesinatos de periodistas realizado a mediados de año augura que 2016 será un año terrible en América latina", señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros.
"Esta oleada de violencia en el continente, particularmente en México y América Central, ha hecho que esta región se encuentre entre las más peligrosas del mundo para ejercer la profesión periodística. Si a esto se suman las innumerables agresiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, las amenazas y los casos de hostigamiento judicial, podrá constatarse el clima de terror que viven los periodistas y en el que, evidentemente, estos no tienen cabida. Ante este sombrío balance, es muy importante que los dirigentes de la zona tomen consciencia de su responsabilidad y hagan su mayor esfuerzo para parar esta espiral mortífera", agregó.
En el marco de los 21 asesinatos, desde la entidad recordaron la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que también se aplica al reciente ataque a la redacción del diario cooperativa Tiempo Argentino, en Buenos Aires.
"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Reporteros recalcó que algunos países miembros de OEA parecen "haber olvidado estos principios, pues aún no consideran la protección de periodistas una prioridad".
"Sólo Colombia y México han puesto en marcha mecanismos nacionales de protección. Estos dispositivos, si bien tienen el mérito de haber sido creados, no logran cumplir su función principal y carecen de recursos financieros, humanos, así como de independencia frente al poder político", sostuvieron, y subrayaron que en Guatemala hay una iniciativa en marcha, mientras que exhortaron con urgencia en avanzar en un mecanismo a las autoridades de Honduras. –Reporteros sin Fronteras-
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