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| Rami Baitieh, CEO de Carrefour, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el sindicalista Armando Cavalieri: el acuerdo ha sido limitado ahora. Foto: NA. |
(U24) - "Las prerrogativas que le fueron otorgadas a la firma francesa exceden lo previsto en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) normal y que en caso de no otorgarse las mismas facilidades a todas las empresas del sector que lo soliciten, se estaría frente a un tratamiento discriminatorio hacia los supermercados pymes y cadenas regionales de todo el país que enfrentan situaciones críticas de igual o mayor magnitud”, señalaron los supermercados agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos contra el acuerdo de Carrefour y la Administración Macri, que le permitía reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.
"La totalidad de los socios de CAS y FASA vienen sobrellevando dificultades a raíz de la caída del consumo y los desmesurados aumentos de costos, pero además deben enfrentar la competencia del comercio ilegal y de grandes cadenas cuyo objetivo es apoderarse de la totalidad del mercado, si les fuera posible”, expresaron mientras desenterraban el hacha de la guerra.
Entonces, el titular de la cartera, Jorge Triaca, tomó una decisión: "El Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo alcanzado entre el sindicato de comercio y Carrefour para garantizar las fuentes de empleo", señaló el área de Trabajo en un comunicado pero no limitó lo del 50%. Fue un logro también de Ramón Muerza y Mario Amado, quienes le están disputando el control de la Federación de Comercio al octogenario Armando Cavalieri, quien en 2018 aceptó el techo paritario del 15% que necesitaba Mauricio Macri, y es 1 de los 10 sindicalistas que se repartieron $ 1.000 millones que les entregó el Gobierno en concepto de capacitación.
En medio de la avalancha de reclamos, los funcionarios nacionales no tuvieron opción e introdujeron cambios sobre la cláusula 3ra. del convenio, que fue la que generó más polémica por contemplar una rebaja del 50% en las contribuciones patronales durante 18 meses sobre el total de las remuneraciones del personal bajo el convenio de Comercio, unos 18.000 empleados de un total de 19.000.
Ahora, se incorporó un anexo que supedita la quita de cargas sólo a los incrementos de los salarios a partir de 2018 y no a la remuneración total, lo que implicará una quita de de entre 20% y 30% de los aportes.
El plan mantendría la reducción de salarios un plan de hasta 1.000 retiros voluntarios con hasta el 150% de la indemnización por ley y la posibilidad de cerrar locales.
"Los incrementos salariales pactados a partir del mes de abril del corriente año en el marco del CCT N°135/75 para el personal de la empresa comprendido en el mencionado convenio colectivo de trabajo se les dará un tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales correspondientes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones y el fondo nacional de empleo", agregó Trabajo.
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