JUSTICIA / BAJO PRESIÓN OFICIAL
(U24) - La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves (26/04) el traslado del juez Eduardo Farah a un Tribunal Oral Penal Económico, tal como el magistrado había solicitado tras los cruces con el propio presidente Mauricio Macri. Ahora el plenario de ese organismo debe convalidar esta decisión.
De este modo, Farah dejaría la Sala II de la Cámara Federal porteña. Ayer, el juez Jorge Ballestero, también integrante de esa cámara, pidió licencia. Con estas dos vacantes, el Gobierno podría proponer magistrados cercanos en una cámara que investiga varias causas de corrupción.
Tanto para Ballesteros como para Farah el oficialismo quiere el mismo destino que tuvo Eduardo Freiler: fuera de la Cámara Federal.
El detonante de la presión oficial sobre Farah y Ballestero fue a partir de que dictaron la excarcelación del empresario Cristóbal López y mejoraron su situación procesal al cambiar la carátula del expediente: la redujeron de defraudación al Estado a una mera causa de evasión impositiva.
López, de todas formas, sigue procesado.
El fallo de los camaristas provocó declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien afirmó que la decisión le provocó "indignación".
Farah respondió. "El Presidente fue mal informado, no tuvo tiempo de leer la resolución y no le acercaron lo que la resolución dice", dijo en una entrevista. Y aclaró: "Tiene derecho a opinar, pero debería medirse un poco".
Luego, desde el Gobierno le respondieron: "El Presidente puede opinar sobre el fallo".
Farah pidió su traslado para esquivar los embates del oficialismo, que lo había puesto en la mira de un juicio político tras este fallo.
Sobre dicho magistrado pesaba una denuncia por supuesto “enriquecimiento ilícito” y “tráfico de influencias”.
Ahora, la decisión de la comisión de Selección -que aprobó por mayoría que el camarista deje la sala II de la Cámara Federal para ocupar un lugar en Tribunal Oral Federal en lo Penal Económico- generó polémica porque el propio Consejo investiga el patrimonio del magistrado, un trámite que no avanzó en las últimas semanas.
Este motivo generó que el kirchnerismo no apoyara la inicitiva y que los jueces Luis Cabral y Gabriela Vázquez se abstuvieran.
"El traslado de ninguna manera contempla una amnistía", sostuvo el diputado Pablo Tonelli.
Y se sinceró: "Pero la denuncia está hecha en términos tan imprecisos y amplios que es imposible avanzar".
El consejero oficialista sostuvo que, en cambio, la investigación sobre el patrimonio de Jorge Ballestero, el otro camarista que benefició a Cristóbal López, avanza con el análisis de sus declaraciones juradas.
"Claro, la denuncia es la misma pero para Ballestero corre y para Farah no. Ahora cuando se jubile Ballestero seguro que tampoco encuentran nuevos elementos para investigar", atacó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
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