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| Macri / Aranguren |
(U24) - Después de la sesión especial fallida de la semana pasada, donde la oposición estuvo a un diputado de lograr el quorum para tratar varios proyectos de ley contra el aumento en las facturas de los servicios públicos, los opositores volverán a la carga desde mañana (24/4) pero con otra estrategia.
El massismo y el Interbloque Argentina Federal (que responde mayormente a los gobernadores) buscarán dictamen de una iniciativa titulada ‘Ley de Precios Razonables’. De esa forma eludirán la necesidad de lograr los dos tercios de los presentes en el recinto para habilitar proyectos sin dictamen. Para eso, citarán a reunión a dos comisiones que son controladas por ellos.
El problema es que no tienen en cuenta a Presupuesto y Hacienda, comité asesor competente en cuestiones de afectación de recursos y que dirige el oficialista Luciano Laspina, lo que podría hacer caer toda la estrategia.
Mientras estas cuestiones legislativas mantienen enredados a los peronistas ‘racionales’, el kirchnerismo, la izquierda y otros bloques afínes, insistirán en la sesión especial como la semana pasada, aún sin proyectos con dictamen.
Saben que no lograrán los dos tercios para aprobar nada, pero le harán pagar el costo político a Cambiemos de tener que bajar al recinto para bloquear numéricamente la embestida y dejar sin debate las iniciativas.
En Cambiemos consideran que el tema tarifario está cerrado por dos motivos: ya fue aprobado en el Presupuesto 2018 por el Congreso de la Nación y es potestad del Poder Ejecutivo. Claro que esos argumentos poco importan a la oposición.
"La sesión especial era un show mediático, una operación política. El aumento estaba previsto hace tres o cuatro meses y ya lo habíamos votado en el Presupuesto del año pasado", dijo el diputado Daniel Lipovetzky ayer en declaraciones a radio Milenium.
Agregó que "se sabía que se iban a quitar los subsidios en las tarifas" y que si la intención es "retrotraer las tarifas al 2016, como quería el kirchnerismo", el gobierno se quedaría "sin fondos públicos para otras cosas".
En tanto, en la Casa Rosada el acuerdo arribado con los socios de Cambiemos tiene otras consecuencias riesgosas para Mauricio Macri: el Presidente quiere que las provincias rebajen los impuestos incluidos en las boletas de luz y gas o subsidien parte de la tarifa social para bajar el impacto en los aumentos.
El pedido es delicado porque los mandatarios provinciales no quieren entrar en la problemática tarifaria que afecta a Macri y mucho menos perder recursos. Pero sus legisladores son los que impulsan en el Congreso proyectos para frenar las subas, que en el Gobierno entienden que afecta su plan de reducción de subsidios.
Según el diario Clarín, la idea de sumar a los gobernadores a la polémica por las tarifas fue sugerida por la UCR de Alfredo Cornejo y la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió y por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Los gobernadores enviarán a sus responsables de Servicios y Energía a una reunión con Aranguren donde se tratará el tema de los incrementos en el gas y la luz.
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